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La Corte rechazó un amparo y habilitó la suba de luz en la provincia de Buenos Aires

Dejó sin efecto una cautelar por "falta de legitimación" de los denunciantes y le dio vía libre al Gobierno. La procuradora Gils Carbó, antes, había respaldado el fallo platense

El máximo tribunal fue unánime y resolvió el fallo con el voto de sus cinco integrantes

El máximo tribunal fue unánime y resolvió el fallo con el voto de sus cinco integrantes

Diecinueve días después de frenar el aumento de las tarifas de gas a usuarios residenciales en todo el país, la Corte Suprema de Justicia emitió ayer un fallo mucho más amigable con el gobierno de Mauricio Macri, al dejar sin efecto las medidas cautelares que, tras la decisión de la Cámara Federal de la Plata, mantenían stand by las subas de los precios en la provincia de Buenos Aires. Así, le dio vía libre al Poder Ejecutivo para que aplique los aumentos eléctricos que había dispuesto.

La decisión del máximo tribunal de revocar la sentencia fue unánime, con la firma de sus cinco integrantes, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. "Carecen de legitimación quienes iniciaron la causa para actuar en representación de todos los usuarios", fue la explicación que dieron desde la Corte sobre el fallo, a través de un comunicado.

Sobre ese punto giraron las principales especulaciones de la última semana. Al ser iniciado por legisladores bonaerenses, el Defensor del Pueblo y el PJ provincial, el amparo no tuvo la "legitimación activa" que precisaba. Y sostuvo que quienes impulsaron la acción colectiva no están facultados "para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la provincia de Buenos Aires".

El tribunal también analizó la presentación del Club Social y Deportivo "12 de octubre", que reclamó por su situación particular y, en consecuencia, no intentó una "acción de clase". En ese caso, el tribunal resolvió enviar el expediente a la justicia federal de primera instancia para que allí se determine si la institución podría encabezar la representación de todos los denominados "clubes de barrio".

El fallo de la Corte se distanció del dictamen que horas antes había firmado la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien se había pronunciado a favor de confirmar las cautelares. No obstante, como adelantó El Cronista, lo hizo con recaudos al admitir, como luego lo hizo la Corte, que los legisladores bonaerenses, la Defensoría del Pueblo provincial y el Partido Justicialista provincial carecían de la representatividad para obtener la medida cautelar a la que accedieron.

En paralelo, el máximo tribunal también rechazó intervenir en la causa en que la jueza federal de San Martín Martina Forns dictó una medida cautelar que suspendió, a nivel nacional, el aumento de las tarifas eléctricas. Los magistrados decidieron devolver el expediente con cuestionamientos a la magistrada de primera instancia que la había enviado vía per saltum.

Los jueces fueron duros con Forns al sostener que con la remisión de la causa sin pasar la instancia correspondiente de Cámara, Forns eludió sus obligaciones como jueza nacional "colocando a esta Corte en un escenario en el que, por el momento no le compete conocer". Y la acusaron de comprometer el prestigio de todo el Poder Judicial al "frustrar las legítimas expectativas de los ciudadanos que aguardan una resolución definitiva de este conflicto".

La Corte emitió la sentencia a menos de tres semanas de frenar los aumentos de gas a residenciales. Fuentes del máximo tribunal explicaron que se trataba de expedientes jurídicamente muy diferentes. El que ordenó retrotraer las tarifas de gas a marzo surgió de una denuncia de la ONG Cepis y derivó en un fallo de fondo, en el que los jueces rechazaron de forma unánime las subas ordenadas por el Ejecutivo para hogares, aunque mantuvieron las subas a los grandes usuarios. Aquella resolución tenía alcance nacional y el caso presentado un sustento legal sólido. La sentencia por la luz, en cambio, hizo caer la cautelar por defectos procesales.

A diferencia del gas, los jueces no pidieron realizar audiencias públicas, que el Gobierno planeaba llevar adelante en octubre. No obstante, al no pronunciarse sobre el fondo del caso, dejaron abierta la puerta a nuevas presentaciones que puedan llegar a su órbita y cumplir con los requisitos para ser avaladas.