La Corte giró a la Procuración el reclamo porteño de coparticipación

El máximo tribunal envió el pedido de la Ciudad a Eduardo Casal, que debe expresarse. Si bien su dictamen no es vinculante para los jueces, puede marcar un precedente importante

La Corte Suprema de Justicia giró al procurador Eduardo Casal la demanda y el pedido de amparo que presentó la Ciudad de Buenos Aires contra el recorte de fondos de la coparticipación que dispuso días atrás el Gobierno nacional. El máximo tribunal le pidió a Casal que dictamine si tiene competencia y si corresponde dictar una medida cautelar, tal como pidió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con el objetivo de que cese el descuento de fondos de manera inmediata.

El Gobierno porteño presentó el pasado 18 de septiembre su reclamo por la reasignación de partidas, y solicitó que "se restablezca en forma inmediata el derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 % en el Consenso Fiscal". La presentación realizada por el Gobierno de la Ciudad es en respuesta al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 735/2020 que se publicó el pasado 20 de septiembre en el Boletín Oficial y que recupera un punto de la coparticipación que el ex presidente Mauricio Macri había destinado durante su gestión a la Ciudad en 2016.

En el escrito judicial del Ejecutivo porteño, firmado por la apoderada María Cristina Cuello, se solicitó que "se ordene el cese de los efectos del Decreto 735 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan".

La gestión de Rodríguez Larreta también interpuso ante la Corte una acción de amparo, en la convicción de que "la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está legitimada a iniciar la presente acción de amparo y reclamar en juicio la invalidez de actos que vulneran atribuciones y poderes inherentes a su autonomía".

El pedido que hace la Corte a Casal no implica que la decisión del Procurador sea vinculante o pueda motivar un fallo supremo en la misma línea. 

La Corte se reunirá el martes que viene, pero ese día tiene previsto decidir si acepta el amparo de tres jueces, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que fueron trasladados de sus cargos durante el macrismo y el Senado definió que deben regresar a sus puestos originales.

El alto tribunal, además, ratificó ayer las condenas de la Tragedia de Once que había decidido previamente el Tribunal Oral Federal. Son penas aplicadas al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a los empresarios Sergio Cirigliano y Roque Cirigliano y al maquinista Marcos Córdoba, entre otros, en la causa por la tragedia ferroviaria de Once ocurrida en 2012, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.

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