La Corte estableció límites, pero avaló el traslado de jueces al fuero federal
Respaldó la decisión de inhabilitar al tribunal que tenía que juzgar a Cristina por dos causas. También habilitó a magistrados a que sigan trabajando en cargos no concursados
Los jueces cortesanos se expresaron ante el pedido de aclaración que hicieron el Consejo de la Magistratura y el Gobierno a raíz de la inhabilitación del Tribunal Oral Federal 9, que había sido designado para llevar adelante los juicios por encubrimiento de AMIA y la causa conocida como "la ruta del dinero K".
Ratificaron esa decisión en la acordada que firmaron Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, pero también autorizaron, aunque sin nombrarlos, a seguir en sus cargos a aquellos jueces que cambiaron de fueron sin concurso previo o aquellos movimientos de magistrados dentro del fuero federal.
Los casos a los que referenció la Corte son el del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques quien antes estaba en la Cámara ordinaria y fue trasladado sin previo concurso, y el del camarista federal Leopoldo Bruglia, integrante de la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, quien antes era integrante del Tribunal Oral Federal 4 y cambió de cargo también sin concurso previo.
Mahiques, cabe recordar, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires durante el primer tramo de la gestión de María Eugenia Vidal. Su hijo Juan Bautista es representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Ignacio, el menor del clan, trabajó en la fiscalía de Gerardo Pollicita.
Bruglia, por su parte, conforma la Sala I con los jueces Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah, el magistrado que subrogó el tribunal cuando se decidió la liberación del empresario Cristóbal López. Bruglia fue el único que se opuso a firmar la excarcelación de López.
La decisión de la Corte, no obstante, obliga a que los pliegos deban ser evaluados por el Senado Nacional: se trata de dos jueces clave de Comodoro Py, puesto que resuelven y deciden sobre los casos de corrupción que comprometen tanto a la gestión de gobierno anterior como a la actual.
El máximo tribunal consideró "imprescindible remarcar que el mecanismo de traslado de magistrados resulta un sistema de marcada excepcionalidad, que en ningún caso podría desnaturalizar el procedimiento constitucional de selección de magistrados".
En relación a la acordada 4, en la que se había definido la anulación del TOF 9, la Corte ratificó la inhabilitación de ese cuerpo judicial, creado por una ley nacional para ampliar los tribunales orales, y ordenó al Consejo de la Magistratura que sus miembros vuelvan a intervenir en la justicia penal ordinaria y no en los delitos federales. Ese tribunal había sido designado para llevar adelante los juicios contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento a Irán en la firma del memorándum por AMIA, y por la "ruta del dinero K", en la que se investiga al empresario Lázaro Báez.