Jueves  21 de Septiembre de 2017

La Corte dictó 10 amparos por la tasa diferencial según la localización en Ingresos Brutos

El tribunal supremo emitió diez sentencias con medidas cautelares dirigidas contra las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco y Santa Fe para que cesen en el cobro de alícuotas más altas del Impuesto

La Corte dictó 10 amparos por la tasa diferencial según la localización en Ingresos Brutos

En el último Acuerdo de esta semana, la Corte Suprema de Justicia emitió diez sentencias con medidas cautelares dirigidas contra las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco y Santa Fe para que cesen en el cobro de alícuotas más altas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a empresas que no tienen domicilio en sus jurisdicciones.

Lo que se ordena en tales sentencias es que por las ventas en esas provincias, la empresa que planteó el litigio “tribute en lo sucesivo en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos idéntica alícuota a la prevista en la legislación tributaria local para aquellos contribuyentes que desarrollen la misma actividad en establecimientos ubicados en la provincia”.

La cantidad de sentencias emitidas da cuenta de la cantidad de causas iniciadas por esta clase de medidas y con ello de la necesidad de un pronto fallo de la Corte que se pronuncie en forma definitiva sobre la constitucionalidad o no de las mismas, y también la importancia que en una próxima reforma tributaria se contemple situaciones como éstas a efectos de no entorpecer la circulación nacional de bienes y así dar pleno efecto a la denominada cláusula comercial, sin aduanas interiores, que tutela el artículo 9 de la Constitución nacional, apuntó Agustina O’Donnell, del estudio Torassa & O’Donnell.

La Corte Suprema de Justicia falló en contra de la provincia de Córdoba y a favor de la empresa Monsanto, en una medida provisoria para que pague lo mismo que un productor local de ingresos Brutos por lo que fabrica en otros distritos.

En numerosísimas cautelares ya, la Corte dijo prohibió a fiscos provinciales reclamar “las diferencias pretendidas en concepto de impuesto” a los Ingresos Brutos, “así como aplicar y ejecutar multas o trabar cualquier medida cautelar administrativa o judicial sobre el patrimonio de la sociedad”.

Según el Máximo Tribunal, la empresa siempre debe pagar “idéntica alícuota a la prevista por la legislación tributaria local para aquellos contribuyentes que desarrollen la misma actividad en establecimientos ubicados en la provincia”.

La cautelar queda firme hasta que la Corte dicte sentencia definitiva y resuelva la cuestión de fondo, por lo que le sirve a las empresas para dejar de pagar la tasa más cara.

Además, se espera que la Corte falle de un momento a otro sobre la cuestión de fondo en la causa Bayer contra Santa Fe, debido a que la Procuración General de la Nación ya dictaminó en ese caso y dijo que el cobro de tasas diferenciales para industrias según el territorio crea aduanas interiores y lesiona la garantía de igualdad, ambas situaciones vedadas por la Constitución nacional.

Una decisión que fue clave para las empresas fue que la Corte se declaró con competencia originaria en las causas contra las aduanas interiores.

Esto quiere decir que consideró que podrían verse vulneradas garantías constitucionales en situaciones que involucran directamente a provincias. En estos casos no intervienen tribunales inferiores.

Esto es una ventaja para las empresas porque los Tribunales Superiores de las provincias, por lo general, son más permeables a las necesidades económicas de sus territorios.

De esta manera, además, se llegará más rápido a una sentencia con muchas chances de que sea favorable a las empresas. Es que la Corte no daría las medidas cautelares si no creyera que hay “verosimilitud en el derecho”.

Ya hubo un fallo sobre la cuestión de las aduanas interiores aunque no para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sino respecto de Sellos. Se trató de una causa que planteó el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires contra ese distrito.

Todas estas pistas crean fuertes expectativas a nivel empresarial, aunque la última palabra la tiene la Corte Suprema.

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