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La Corte dicta un fallo clave y exige al Gobierno audiencias por las tarifas

Los cuatro jueces redactaban anoche la resolución que darán a conocer este mediodía. La Procuradora Gils Carbó dictaminó ayer en contra de la política tarifaria oficial

Los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia dialogaron ayer y se volverán a reunir hoy desde las 9.45

Los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia dialogaron ayer y se volverán a reunir hoy desde las 9.45

La Corte Suprema de Justicia dictará hoy un fallo crucial para el futuro de la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Cerca del mediodía se conocerá la sentencia del máximo tribunal respecto a los aumentos en las tarifas del gas, que fueron suspendidos por la Cámara Federal de La Plata el 7 de julio pasado, resolución que ayer respaldó la procuradora Alejandra Gils Carbó al emitir un duro dictamen contra el Poder Ejecutivo.

Los cuatro jueces se reunirán a partir de las 9.45 en el cuarto piso del palacio de Tribunales y ultimarán una sentencia que cocinaron en la tarde de ayer, cuando encontraron un consenso respecto a puntos en los que no había coincidencia y que tiene que ver con conseguir un difícil equilibrio entre garantizar que los sectores sociales más vulnerables no se vean avasallados por el denominado tarifazo, pero también que no debilite la figura de un Gobierno que lleva poco más de un semestre gestionando.

La Corte pondrá especial énfasis en que el Ejecutivo cumpla con los pedidos que le realizó hace un mes, cuando solicitó informes económicos sobre el por qué de la decisión de aumentar las tarifas. En esa línea, se espera que se respete la capacidad del Ejecutivo de fijar su política, pero se exigirá la realización de audiencias que el Gobierno -con el ministro de Energía Juan José Aranguren como principal motor- no cree necesarias llevar adelante.

Así, si bien voceros del máximo tribunal evitaron dar precisiones, se espera un fallo con matices, con cuestionamientos puntuales a la decisión de quitar de cuajo los subsidios pero que busque aminorar los efectos adversos tan temidos por el Ejecutivo, que calcula en $80.000 millones el costo de dar marcha atrás con los aumentos, que tenía previstos para utilizar inversiones en obra pública durante el segundo semestre.

El dictamen de ayer de Gils Carbó fue en línea con lo que se había insinuado desde la Procuración en los últimos días. En las antípodas del macrismo ideológicamente, la jefa de los fiscales se basó en los fallos previos de los representantes de su ministerio que intervinieron en el tema. En detalle, Gils Carbó opinó que "las resoluciones 28/2016 y 31/2016 formaron parte de un cambio en el financiamiento del esquema tarifario del servicio de gas. Esta nueva política trajo aparejado un aumento tarifario muy significativo que deben afrontar los usuarios y consumidores para acceder al servicio de gas".

En referencia al fallo platense, sostuvo: "La sentencia recurrida interpretó adecuadamente el derecho federal vigente al concluir que el aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública dado que la Ley 24.076 de Gas Natural impone ese mecanismo como herramienta para garantizar el derecho constitucional de información". Así, consideró obligatoria la realización de audiencias públicas.

Desde que el Gobierno decidió aumentar las tarifas de gas y electricidad, se suscitaron innumerables demandas respecto a la constitucionalidad de esa medida. La más contundente fue la de la Cámara Federal de La Plata, que dispuso a nivel nacional el freno a las subas del gas, que se mantiene desde principios de julio e impide a las empresas llevar adelante los aumentos que en algunos casos, antes de la judicialización, habían superado el 700%. Luego, el Gobierno estableció topes del 400% para hogares residenciales, pero nunca lo pudo poner en funcionamiento.