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La Ciudad prepara reforma electoral con paridad de género para 2019

El proyecto crea una agencia autárquica para fiscalizar los comicios y los aportes de campaña. Establece la posibilidad de elección simutánea con la nacional

La Ciudad prepara reforma electoral con paridad de género para 2019

El Gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto de ley para dotar al distrito de un Código Electoral que, de aprobarse, recién entrará en vigencia en las elecciones para Jefe de Gobierno de 2019.

El texto ingresado al Poder Legislativo el 29 de diciembre propone la creación de una Agencia de Gestión Electoral (AGE), un instituto autárquico encargado de regir las elecciones, fiscalizar el financiamiento de las campañas, determinar el sistema de votación, promover el debate y controlar el escrutinio.

El Ejecutivo porteño pretendía entregar el proyecto en los primeros días de diciembre, pero el fracaso de la reforma electoral nacional en el Congreso, en manos de la oposición, obligó al Ministerio de Gobierno, de Bruno Screnci, a rever ciertos puntos de su propuesta original. Uno de los cambios fue la creación de un instituto electoral autónomo, sin injerencia partidaria, reclamado por la oposición para quitarle al Gobierno la organización de los comicios en los que también compite.

El texto consensuado reemplaza varios artículos y leyes, entre ellos, el que obliga a celebrar elecciones diferenciadas. Bajo el nuevo esquema, el Poder Ejecutivo podrá juntar las elecciones capitalinas con las nacionales, y de este modo permitir a los porteños elegir en 2019 al Jefe de Gobierno y al Presidente en una misma jornada.

El proyecto dedica un capítulo entero a definir los mecanismos de financiamiento de las campañas y establece un límite en los gastos proselitistas, que se fijarán a partir de la cantidad de electores habilitados y una unidad patrón determinada por el Ministerio de Hacienda. También establece que cada partido recibirá fondos públicos de acuerdo a la performance electoral obtenida en la elección inmediatamente anterior.

Las agrupaciones políticas deberán designar un responsable económico-financiero, contador público de profesión, encargado de administrar los fondos de campaña. Todo el dinero recaudado deberá depositarse en una cuenta corriente única, que será el medio obligatorio para la cancelación de deudas y toda transacción vinculada a la campaña. Los pagos en efectivo, en tanto, estarán fuertemente controlados. Además, los proveedores de campaña deberán inscribirse en un registro público administrado por la AGE y detallar los bienes y servicios que brinden a cada fuerza. El proyecto contempla que los partidos políticos entreguen un informe mensual sobre los movimientos de la cuenta de campaña y la identidad y el monto de las personas físicas o jurídicas que les hagan aportes. En ningún caso los aportantes podrán donar más del 5% de las ganancias netas declaradas.

El Código Electoral que empezará a debatirse en las sesiones extraordinarias de febrero establece la obligatoriedad del voto por medios electrónicos, y fija a su vez la "alternancia por género" en la conformación de las listas, de forma tal de no incluir a dos personas de un mismo sexo en orden consecutivo.

La AGE tendrá facultades para convocar a un debate público de candidatos a Jefe de Gobierno y de comuneros. Pero nada se dice sobre la obligatoriedad de los candidatos de participar en estas mesas redondas.

Quienes leyeron el texto reconocen la pluma de Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política y coordinador de la plataforma Argentina Debate, que en 2015 logró reunir a cinco de los seis candidatos presidenciales que participaron de la elección general, y posteriormente a Daniel Scioli y Mauricio Macri antes del ballottage.