La CAF se mostró preocupada por las ofertas del acueducto Río Colorado-Bahía Blanca

Es porque algunas empresas podrían no llegar a cumplir los ratios de liquidez exigidos debido a embargos judiciales. La obra será financiada por la Corporación Andina.

Luego de que se dieran a conocer las propuestas de los distintos consorcios para la construcción de la obra del acueducto Rio Colorado–Bahía Blanca, a partir de los análisis preliminares de las ofertas surgió preocupación en la Corporación Andina de Fomento (CAF), organismo multilateral que financiará la obra.

La inquietud del ente internacional surge a partir de la vinculación de algunas de las empresas oferentes con el capítulo argentino de la causa Lava Jato, que ya tiene empresas procesadas y embargadas, y que no podrían llegar a cumplir con “los ratios de liquidez exigidos, que miden la capacidad de convertir activos en liquidez a corto plazo.

El acueducto del Río Colorado-Bahía Blanca es una obra estratégica para la provincia de Buenos Aires, ya que solucionaría un problema histórico de la ciudad de Bahía Blanca y la región en cuanto a la calidad y cantidad de agua para consumo de la población.

La situación es apremiante ya que la actual toma de agua que se encuentra en el Dique Paso de las Piedras, cuyo volumen es crítico y la calidad de su agua es baja. La obra además aportaría agua tratada para los distintos pueblos que se encuentran al margen del acueducto desde Río Colorado hasta Bahía Blanca.

Hace unas semanas se supo que el Gobierno bonaerense comenzó a analizar las ofertas de los 12 consorcios interesados en construir el acueducto, presupuestado en $ 5627 millones.

Entre las ofertas figuran las de CEOSA Construcciones Electromecánicas del Oeste con $ 3368 millones, seguida por Supercemento–Rovella Carranza–Evolution/Colombia, con $ 4129 millones; la china CSCEC–Martínez de la Fuente, con $ 4471 millones; Decavial–Esuco, con $ 4478 millones; Sacde–JCR, con $ 4591 millones; Queiroz Galvao–Centro Construcciones, con $ 4646 millones; la china Gezhouba–Panedile, con $ 5055 millones; Cartellone–Gel Pasarelli/ Brasil, con $ 5076 millones; la española Acciona Agua–Riva, con $ 5584 millones; C&E–Fontana Nicastro-Tecma-Proba, con $ 5614 millones; MG UT, con $ 5998 millones; y Techint–Roggio, con $ 6573 millones.

Para el Gobierno provincial, esta obra tiene una importancia central ya que es la única con financiamiento garantizado por un organismo multilateral y no depende del presupuesto nacional o provincial donde el horizonte de recortes tras el acuerdo con el FMI puso en duda distintas obras proyectadas en las Provincias.

Conocidas las ofertas, la Corporación Andina de Fomento comenzó a observar en detalle la licitación, donde hay oferentes que se encuentran involucrados en los procesos judiciales del esquema de lavado de dinero que se investiga la justicia de Brasil, reveló una fuente a esa entidad internacional.

En el marco de las causas vinculadas al capítulo local, entre las empresas procesadas por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello, se encuentran compañías argentinas.

Una de las condiciones exigidas a las empresas oferentes en los pliegos, establece ciertos “ratios de liquidez que, a partir de los embargos judiciales, estarían en riesgo para poder cumplir.

Un antecedente cercano con la CAF ocurrió con unos de los tramos de la obra el “Paseo del Bajo , donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se vio obligado a rescindirle el contrato a Isolux Corsan para evitar mayores demoras e incumplimentos mientras se resolvía su situación judicial en España.

A partir de estos casos, la CAF incrementó su nivel de exigencia en lo que hace a sus reglamentos y normas de compliance.

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