Juegos Olímpicos porteños: el mayor contrato fue para una firma con irregularidades

A poco de empezar, los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 asoman con complicaciones a la vista. El éxito del evento deportivo internacional, que tendrá lugar entre el 6 y el 18 de octubre en la Ciudad, depende en buena parte del desempeño de una compañía brasileña a la cual le fue adjudicado un contrato crucial, pese a tener antecedentes oscuros en su país con sentencias por corrupción y desperfectos en obras a su cargo donde, incluso, se registraron muertes.

El Comité Organizador de Buenos Aires 2018 adjudicó un contrato millonario a una unión transitoria de empresas (UTE) integrada por la firma argentina ENAS S.A. y la brasileña Fast Engenharia e Montagens S.A. La sociedad cobrará $ 539.168.844 por la provisión de estructuras temporarias para los cuatro parques olímpicos donde se realizarán 32 deportes. El 70% del capital accionario de la UTE pertenece a la sociedad extranjera. Mientras ENAS se especializa en la colocación de estructuras tubulares, Fast se hizo conocida por construir gradas temporarias para estadios.

Pero la fama de Fast no es sinónimo de prestigio, sino lo contrario. La compañía constructora, propiedad de Antonio Domingos Fasolari, y representada en el país por su hija, Tatiana Fasolari, acumula 96 procesos judiciales en Brasil, varios de ellos con sentencia firme, según el portal de datos públicos Escavador.

Fast fue condenada en 2009 a reintegrar hasta 16.351.983 de reales junto a funcionarios federales luego de que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) detectara sobreprecios y pagos sin contraprestaciones por obras en la villa deportiva de los Juegos Panamericanos de Río 2007. Pese a los amparos recurrentes, la condena quedó firme en 2012.

Fast también se hizo conocida en su país por haber entregado el Arena Corinthians sin cumplir los términos del contrato por el que debía colocar 20.000 gradas suplementarias para la inauguración del Mundial de Fútbol de Brasil 2014. En marzo de ese año, la compañía fue inculpada por la muerte de un obrero que cayó de ocho metros de altura. El accidente y la intervención judicial frenaron la construcción del estadio que luego fue entregado con trabajos pendientes, pese a que Fast contrató personal suplementario, y reclamó más tarde 8,88 millones de reales extras. Antonio Fasolari, propietario de la firma, es además miembro de la asamblea del club Corinthians.

Dos años más tarde, la compañía se adjudicó la edificación del estadio de Beach Volley de los Juegos Olímpicos de Río 2016, en la playa de Copacabana. Las obras debían comenzar en abril, pero lo hicieron en mayo. En junio, los trabajos fueron paralizados cuando la Prefectura de Río comprobó que no contaban con certificado de impacto ambiental. En esos días, la obra peligró frente a los daños que sufrieron los andamiajes del estadio por una fuerte crecida de la marea.

Frente a este y otros hechos, el Comité Olímpico Internacional (COI) encargó una auditoría a la consultora británica Campbell Reith para revisar el estado y avance de la obra. Desde Ginebra, ante la consulta particular de El Cronista sobre Fast, el COI respondió que "después de la revisión conjunta, se realizaron trabajos complementarios en ciertos lugares" para garantizar que las estructuras temporales "fueran adecuadas para los Juegos". Además, la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) debió poner dinero de sus arcas para terminar el embellecimiento del complejo, que de todos modos no tuvo la totalidad de asientos habilitados para la cita de agosto de ese año.

Aún hay más: en febrero de este año, Fast fue denunciada por el club Flamengo por la inhabilitación que sufrió el estadio Ilha do Urubu, donde recibió a River para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club carioca los consideró responsables del derrumbe de dos torres de iluminación sobre el campo, lo cual obligó jugar el partido a puertas cerradas, por orden de la Conmebol.

Frente a la consulta de este diario, la Dirección de Compras y Contrataciones de la Unidad Juegos Olímpicos del Gobierno porteño (Upejol) dijo desconocer el prontuario de la compañía, a la cual solo evaluó "en términos financieros y legales". La repartición descargó la responsabilidad de la evaluación técnica en la Dirección de Infraestructura de la Upejol. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso, que prefirieron el anonimato, advirtieron que las autoridades conocían de antemano a la firma, y por "gente de primera mano". En la Upejol trabajan al menos 30 ciudadanos brasileños, muchos de ellos en puestos jerárquicos, destacándose Gustavo Nascimento, COO de estos Juegos y ex gerente general de locaciones de Río 2016, puesto desde el cual debió auditar el estadio de beach volley erigido por Fast.

El Cronista llamó a la sede de San Pablo de la empresa, e intentó localizar a la representante en el país, Tatiana Fasolari, en forma telefónica y por correo. No hubo comentarios ni respuesta a las reiteradas consultas.

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