Jueves  04 de Octubre de 2018

Jueces, fiscales y policías porteños suman poder con la reforma del Código Procesal Penal

El polémico proyecto amplía el tiempo de investigación, de prisión preventiva y medidas especiales, como las escuchas telefónicas o el espionaje. También se creó un patrocinio gratuito para víctimas.

Jueces, fiscales y policías porteños suman poder con la reforma del Código Procesal Penal

La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó solo con los votos del oficialismo una serie de modificaciones al Código Procesal Penal, lo cual dará mayores potestades durante el proceso a jueces, fiscales y policías. La oposición, en minoría parlamentaria, intentó sin suerte que el texto retorne a debate en comisión, y denunció que los cambios propiciados por el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta "vulneran derechos y garantías constitucionales".

El Gobierno porteño remitió en junio un expediente con el propósito de reformar el código que rige las investigaciones judiciales para así afrontar "eficazmente" la transferencia desde la Nación de delitos más graves que los que actualmente se tramitan en la Justicia porteña, algo que sucederá a partir de enero de 2019.

Sin embargo, desde diversas bancadas interpretaron que la premura por aprobar el texto se debe a un mecanismo con el que el PRO busca ganar herramientas para contener la protesta social creciente.

Inusualmente, este jueves se llevó a tratamiento un borrador de la ley modificado en la noche anterior por las partes oficialistas. Es que el polémico texto pretendía incorporar "medidas especiales de investigación" que desde organizaciones de derechos humanos consideraron de carácter "orwelliano", por la vulneración de la privacidad.


Según pudo saber este diario, la presión de las organizaciones (CELS, ADC, ACIJ, Poder Ciudadano, Vía Libre) y los ruidos entre los socios de la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, propinó el cambio a último momento la eliminación del artículo 118 bis.

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Qué dice la norma

El texto aprobado modifica la redacción del artículo 28 inciso 4 de un modo que relaja la obligatoriedad de un defensor público en acudir en auxilio de un detenido, que podrá llegar a pasar hasta 96 horas sin que se tome una resolución sobre su privación de libertad, cuando hoy está limitado a las 48 horas.

Asimismo, el cambio sobre el artículo 108 extiende de 15 a 24 meses el plazo de los jueces para investigar, lo cual atentaría contra el principio de llegar a sentencia en plazo razonable.

El artículo 127 también establece la intervención de las comunicaciones en un plazo indefinido, renovable cada 90 días, siendo que actualmente solo puede pedirse ese recurso por única vez y hasta 45 días.

Otro eje polémico atañe al artículo 145, que establece "nuevas medidas de vigilancia" y la aparición de figuras como el "agente encubierto", el "agente revelador" y el "informante", que actuarán para la Justicia, pero designados desde el Poder Ejecutivo, pudiendo involucrarse en organizaciones sospechadas de la comisión de delitos.

Repercusiones

El legislador del FIT, Gabriel Solano, denunció que "bajo el pretexto de afrontar el traspaso de delitos nacionales se está estableciendo un Estado policial", ya que el proyecto "da amplias facultades a jueces y fiscales para dictar escuchas, infiltrar agentes y detener personas de manera arbitraria", a la vez vez "amplía los motivos para dictar la prisión preventiva". Solano interpretó que el Ejecutivo "quiere reprimir las protestas e infiltrar agentes en las organizaciones obreras".  

Por el contrario, el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, Daniel Presti (Vamos Juntos) opinó que "un código procesal penal ágil, moderno, rápido y oral da certezas en cuanto a los tiempos y en cuanto a la investigación preparatoria", y destacó que se incorpora el patrocinio genuino gratuito a las víctimas de delitos.

Del lado de Unidad Ciudadana, Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, estimó que se trata de un proyecto "sumamente impreciso en una materia que debe tener máxima precisión" y añadió que "es muy peligroso que las fuerzas de seguridad tengan facultades tan amplias y discrecionales".

En tanto, el diputado Leandro Halperín (Evolución), ex secretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del actual gobierno, observó que el oficialismo "hizo modificaciones a las apuradas y mal en algunos casos" y opinó que el resultado de la votación "muestra que no hay Cambiemos en la Ciudad porque las propuestas hechas se tomaron en cuenta".

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