Jubilaciones: crece la polémica por el aumento por decreto y alertan que es inconstitucional

Desde Juntos por el Cambio pidieron que se vuelva a aplicar la fórmula sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. En tanto, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, pedirá que se declare inconstitucional el incremento 

Una vez más, el Gobierno anunció ayer el incremento del haber jubilatorio vía decreto. Y, pese a que la ley de Emergencia Económica sancionada en diciembre establecía un plazo de 180 días para que una comisión especial diseñe una nueva fórmula, ayer el oficialismo pidió extender el plazo. De ser así, el próximo trimestre, los incrementos también quedarán a merced del Ejecutivo. Ante este panorama, Juntos por el Cambio salió con fuertes críticas al Gobierno y pidió que vuelva a aplicarse la fórmula macrista. Que, si rigiera, para junio implicaría un aumento del 10,89% para todas las jubilaciones y no del 6,12%, como anunció ayer el Gobierno. Por su parte, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, ya anticipó que volverá a plantear la inconstitucionalidad del aumento, al sostener que los pasivos ya perdieron 10 puntos entre marzo y este anuncio.

En diciembre se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que en los artículos 55 y 56 establecía la suspensión por 180 días la movilidad jubilatoria aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri, a la vez que establecía la conformación de una comisión que tenía como objetivo el diseño de una nueva fórmula. Ayer, al filo de que el plazo se venza, esa comisión quedó constituida. 

Hecho esto, los representantes del Poder Ejecutivo, con el ministro de Trabajo Claudio Moroni a la cabeza, pidieron prórroga de la vigencia de los artículos 55 y 56. Este pedido, que fue avalado por el bloque oficialista, implica que el Gobierno de Alberto Fernández disponga los ajustes de setiembre y diciembre. El argumento arrojado desde el oficialismo fue "sostener los ingresos de los jubilados".

Finalizado el encuentro, dos de los diputados que conforman la conforman la comisión, los radicales Luis Pastori y Alejandro Cacace expresaron su enojo con el oficialismo.

"Solo podemos rescatar que quedó constituida la Comisión, no tienen idea de nada, no tiraron ninguna información de cómo podría ser la nueva fórmula, se escudan en la pandemia para decir que por culpa de la pandemia no pueden pensar en nada. Lo único que querían era lograr un acuerdo para lograr por consenso una prórroga hasta fin de año, cosa que por supuesto no es avalado de nuestra parte", cuestionó Pastori, presidente de la Comisión de Seguimiento de normas tributarias y previsionales. 

Por su parte, Cacace subrayó que desde Juntos por el Cambio la postura es que la movilidad es un derecho constitucional establecido por el artículo 14 bis de la Constitución, por tanto, "debe estar reglamentado por ley".

Además, el radical señaló que "no corresponde que se prorrogue la suspensión de la movilidad ni que el Poder Ejecutivo conserve esa facultad que ha tenido estos 180 días y ejerce hoy mismo de fijar trimestralmente el incremento de los haberes por decreto y a su discrecionalidad". "Debe quedar reservado al Congreso la decisión sobre la movilidad y así lo han destacado también los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , remató Cacace. 

Planteo de inconstitucionalidad

Esta mañana, Semino, anticipó que promoverá la “inconstitucionalidad del aumento del 6,12% al sostener que los pasivos ya perdieron 10 puntos entre marzo y este último anuncio.

“Esta medida no sólo es inconstitucional, sino ilegal e irrespetuosa con los jubilados , manifestó Semino en una entrevista con Cadena 3.

En este sentido, el defensor de la Tercera Edad remarcó que “se dice que se va a beneficiar a las mínimas que pasan de $ 15.800 a $ 16.800", pero que ál le gustaría que le "expliquen cómo hace una persona para vivir con eso . 

Semino advirtió que os pasivos ya perdieron 10 puntos entre marzo y este último anuncio.

Semino afirmó además que los jubilados y pensionados “pierden cinco puntos en esta instancia que se suman a los otros cinco puntos que se perdieron en la instancia anterior", al afirmar que por la suspendida ley de movilidad corresponderían incrementos del orden del 11,56% en marzo y del 10,09% en junio.

En diciembre, tras la suspensión de la ley que regía el cálculo de la movilidad jubilatoria, Semino había recurrido a la Justicia con un amparo colectivo para cuestionar esa decisión.

Tras el rechazo de su planteo en primera y en segunda instancia, Semino, con el patrocinio legal de los abogados Adrián Tróccoli y Andrés Gil Domínguez, llevó al planteo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el expediente se encuentra en análisis.

De vuelta a 2017

Una vez terminado el encuentro, diputados y senadores de Juntos por el Cambio salieron con un duro comunicado en el que señalaron que, después del 20 de junio, día en que vence el plazo de la suspensión de la fórmula macrista, "implica que la fórmula de movilidad sancionada en 2017 debe recobrar vigencia al transcurrir ese plazo, y hasta que se sancione una nueva ley de movilidad".

Además, señalaron que "con el aumento dado por decreto en marzo, todos los jubilados que cobraban por arriba de $ 16.200 vieron disminuido el aumento que les hubiera correspondido por ley. En junio correspondería un aumento de 10,89% a todas las jubilaciones, pero el Gobierno discrecionalmente y en perjuicio de los jubilados ya ha anunciado un aumento del 6%". 

 

Los jubilados vuelven a perder porque el Gobierno usa la discrecionalidad de un decreto para aumentar sus haberes.

El anuncio del 6% contrasta con el 10,89% que daba la ley votada por el Congreso hace dos años y medio.
Pedimos que vuelva a regir la ley. #Jubilaciones pic.twitter.com/ykVwUV8FsG

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 18, 2020

 

Los legisladores se mostraron dispuestos a dar una discusión que "garantice el derecho a la movilidad de los haberes de los jubilados y que sea fijada por el Congreso". Y destacaron que, por esto mismo, concurrieron a la constitución de la Comisión Especial creada por la ley 27.541, "pese a haber sido convocada con cinco meses de retraso y cuando el plazo para la evaluación y confección de una nueva fórmula está por vencerse".

"Mientras tanto el Congreso sancione una nueva fórmula, sostenemos que debe regir la fórmula vigente votada en 2017", remataron.

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