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Inversión y empleo afectados por dos normas con demoras

Uno de los proyectos se encuentra pendiente de tratamiento legislativo y otro tuvo reglamentación parcial. Cuál es el impacto de esto y que planea el Gobierno.

Inversión y empleo afectados por dos normas con demoras

Por el atraso de dos normas, una que se encuentra pendiente de tratamiento legislativo y otra que tuvo reglamentación parcial, se estarían demorando medidas que favorecen a las inversiones que realizan las Pequeñas y Medianas Empresas y que por otro lado ayudarían –según el argumento que pone el gobierno- a generar empleo en el futuro.  En agosto pasado, la ley 27.264 creó un Régimen de fomento de inversiones en bienes de capital y en obras de infraestructura que realicen las pequeñas y medianas empresas. Otra medida se trata de un proyecto que es resistido por los gremios y por parte de la oposición, consiste en un Régimen de fomento del empleo joven, disminuyendo contribuciones patronales, y de un blanqueo laboral con perdón de las cargas sociales adeudadas.

La demora en reglamentar la ley de fomento de las inversiones perjudica a las Pymes, que cerraron su ejercicio comercial en los meses pasados de julio y agosto, ya que por no salir la reglamentación en los vencimientos de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias no se podrán aprovechar los beneficios fiscales. Independientemente que en el futuro no se pierdan, ya que el beneficio parcial se podrá computar recién el año que viene, el pago a cuenta a descontar no se actualiza y de esta forma la inflación se come parte del beneficio. De la misma forma, por cada mes que se demore el reglamento seguirán los inconvenientes para los demás cierres comerciales que vayan viniendo en el futuro.

Otro tema que queda pendiente de reglamentación por parte de la AFIP, está referido a la eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta para todas las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, sobre los ejercicios comerciales que inicien a partir del 1 de enero de 2017. Sobre este punto, el organismo que conduce Abad tendrá que determinar los trámites que tendrán que hacer las Pymes para no tener que pagar los anticipos que corresponden para esos ejercicios.

Por otro lado, en el Congreso se encuentra sin tratar un proyecto que envió el Poder Ejecutivo con el objetivo de fomentar el empleo joven, que incluye además un blanqueo laboral, parecido al que rigió en el año 2008. Este proyecto, a pesar que el Gobierno intenta sacarlo, se encuentra demorado en el tratamiento del Congreso. Quizás esta demora motive al Poder Ejecutivo, en algún momento, a emitir un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Actualmente se está instalando, por parte del gobierno, el tema sobre los altos costos que tienen las cargas patronales para las empresas. Habrá que ver si esto no termina desfinanciando al sistema previsional a futuro, prueba está que ahora se necesitó de un blanqueo para el reconocimiento de la deuda con los jubilados.

Beneficios para las inversiones:

Por la ley se favorecen las inversiones en la fabricación, la importación y la compra de bienes nuevos o usados, excluyéndose los automóviles. Comprende a los activos fijos tangibles que se destinen a ser utilizados como bienes de uso y no los que se comercialicen. Las obras de infraestructura tendrán que concluirse en el plazo de 4 años y deberán mantenerse en el patrimonio por un plazo mínimo de un tercio de la vida útil. 

Las empresas que hagan este tipo de inversiones, podrán computar el 10% de las mismas como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, en el ejercicio que se hace la inversión, hasta el límite del 2% calculado sobre las ventas promedio del ejercicio y del año anterior. Para las empresas industriales manufactureras, micro- pequeñas y medianas ubicadas “tramo I”, de las categorías vigentes de Pymes el límite de los beneficios de la inversión será del 3% sobre la facturación anual. Asimismo, para las nuevas empresas habrá posibilidades de cómputo de pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias, del 10% de las inversiones y si queda aún un saldo pendiente, el mismo se trasladará durante 5 años. Por otro lado, en el IVA los saldos a favor originados por créditos fiscales técnicos que se generen por esas inversiones se podrán transformar en un bono que podrá ser utilizado luego para cancelar otros impuestos nacionales. Las empresas que obtengan este beneficio no podrán reducir los trabajadores en relación de dependencia en un 5%, sobre la plantilla que tuvieron durante el ejercicio anterior.

El decreto estableció que para acceder a los beneficios, primeramente deberán presentar una declaración jurada desde la página Web de la AFIP. Luego, para acreditar las inversiones realizadas deberá emitirse un dictamen de Contador Público que tendrá que enviarse, en formato “PDF” por Internet.

Según la última Resolución de la SEPYME  (11/2016) se consideran pequeñas y medianas empresas las que no superaron los siguientes montos anuales de facturación: Actividad agropecuaria: 160 millones – Industrias: 540 millones – Comercio: 650 millones – Servicios: 180 millones y Construcción: 270 millones. La facturación surge del promedio de las ventas, sin impuestos, de los últimos tres años. La ley 27.264, establece que el Ministerio de Producción elaborará nuevos indicadores para establecer qué empresas calificarán como Pymes para el futuro, mientras tanto rigen los importes de facturación que se transcribieron anteriormente. Para establecer los nuevos parámetros se considerarán, además de la facturación, la actividad que desarrolle la empresa y la zona geográfica en donde se encuentre ubicada la empresa.  

Fomento del empleo:

Este proyecto contempla exenciones de contribuciones patronales de seguridad social y compensaciones económicas para la contratación de trabajadores, con un tratamiento diferencial para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero. Para poder acceder a los beneficios los empleadores (públicos o privados) tendrán que contratar a los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos: 1) Edad de 18 a 24 años, pudiendo extenderse a los 16 en función de lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo. 2) Debe acceder al primer empleo registrado o poseer 36 meses de aportes acreditados en su historial de ANSES, continuos o discontinuos.

También se podrá acceder a los beneficios contratando personal con certificado de discapacidad vigente. El beneficio consiste en una exención de las contribuciones de seguridad social, que puede llegar hasta el 100%, considerando la base de cálculo de remuneración bruta que no supere una vez y medio el importe del salario mínimo vital y móvil. No hay exenciones sobre las contribuciones destinadas a la obra social ni de las cuotas de ART. Otro beneficio consiste en otorgar un incentivo económico para los empleadores ubicados en las provincias del norte que contraten a esos trabajadores. El beneficio consiste en un pago mensual de una suma de dinero proporcional a la cantidad de períodos aportados que registra el empleado contratado y según la dotación de trabajadores que posea la empresa, pudiendo llegar hasta el 8% de la remuneración bruta. Los beneficios e incentivos que otorga la ley, de aprobarse, serán para los nuevos trabajadores que se incorporan desde el 1 de enero de 2016, en los términos que establece la Ley de Contrato de Trabajo y que se produzca un incremento respecto de la cantidad promedio de trabajadores determinado para el último trimestre del 2015. Para las provincias del norte habrá beneficios adicionales, recibiendo el empleador un incentivo económico que puede llegar hasta el 17% sobre la remuneración bruta del trabajador. En estos casos no habrá límites de edad para los empleados que se contraten. El tercer punto del proyecto se refiere a la creación del un Régimen de Regularización del empleo no Registrado. Por el mismo se condonan las deudas por hasta 10 trabajadores no registrados, las multas y sanciones tributarias por las deudas previsionales. A partir del trabajador 11 que se regularice, sólo se tendrán que ingresar las cargas sociales correspondientes a ese trabajador. Los trabajadores incluidos podrán tomar 60 meses de servicios para el cómputo de los años de la jubilación, no influyendo para el cálculo del haber previsional.

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Comentarios1
Rusell Jay
Rusell Jay 04/01/2017 05:57:28

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