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Intendente del PJ presentó amparo contra la suba de tarifas

Jorge Ferraresi estuvo en Chaco con unos 80 intendentes del Partido Justicialista de todo el país, algunos de los cuales podrían sumarse a la presentación o realizar similares.

Intendente del PJ presentó amparo contra la suba de tarifas

El Municipio de Avellaneda presentó un recurso de amparo este mediodía ante el Juzgado Federal nro 3 en lo Contencioso Administrativo a cargo Claudia Rodríguez Vidal para frenar el aumento dispuesto por Nación en las tarifas de electricidad.

El argumento jurídico de los asesores del  intendente peronista Jorge Ferraresi, es que la municipalidad se ve directamente afectada por el uso de luminarias públicas ya que el aumento del consumo impactaría sobre un impuesto (el ABL) que no puede ser aumentado tras haber sido votado por el Concejo Deliberte a fin del año 2015.

Intendentes del conurbano ya habían expresado su reclamo al gobierno nacional por la suba de tarifas y la preocupación por el impacto sobre las economías locales, incluso varios jefes comunales tuvieron audiencia en la Casa Rosada. 

Ferraresi, quien ayer estuvo en Chaco con unos 80 intendentes del Partido Justicialista de todo el país algunos de los cuales podrían sumarse al amparo o realizar presentaciones similares, solicitó en su escrito que se retrotraigan las tarifas de energía eléctrica a los valores previos al aumento anunciado por el Ministerio de Energía con el argumento de que "viola parte de la ley que establece el Régimen de la Energía Eléctrica, y desconoce los procedimientos previstos por esta norma para autorizar aumentos tarifarios".

La medida cautelar apunta a la figura del usuario del servicio público como "la parte más débil de la relación de consumo" y afirma que "no se han respetado debidamente sus intereses y el derecho a ser informados con anticipación de la tarifa que pagarán".

Entre los argumentos de la demanda, se cuestiona "el incumplimiento del artículo 46 de la ley 24.065 (que establece el Régimen de la Energía Eléctrica). El mismo determina que al recibir una solicitud de aumento tarifario por parte de las empresas distribuidoras, el ente regulador se encuentra obligado a dar inmediata difusión pública a la misma por un plazo de treinta días y convocar a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta ley y al interés público". El escrito cuestiona la suba por "improcedente, irrazonable y arbitraria".