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Indec: medio siglo de estadísticas bajo la lupa

El organismo cumple hoy 50 años. Una historia surcada por los censos y los cuestionamientos a sus mediciones sobre la pobreza y la indigencia.

Aunque el primer Censo Nacional de Población se realizó en 1869, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, pasó casi un siglo hasta que el país tuvo un organismo a cargo de las estadísticas oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fue fundado un 25 de enero de 1968 y, según su ley de creación (17.622), tiene a su cargo el diseño metodológico, organización y dirección de los operativos nacionales de relevamiento a través de censos y encuestas, la elaboración de indicadores básicos de orden social y económico y la producción de otras estadísticas básicas.

El organismo trabaja en coordinación, además, con las direcciones de estadísticas de cada provincia, que coordinan los sistemas estadísticos locales, e intervienen en la captura, ingreso y procesamiento de la información que, luego es consolidada por el Indec para la obtención de resultados a nivel nacional.

El primer censo nacional se realizó en 1869.

Si bien el organismo trabaja con una multiplicidad de mediciones, como por ejemplo el Índice de Precios al Consumidor (IPC), su principal tarea es la realización cada diez años del censo nacional de población (CNP).

Así, desde aquel primer censo de 1869, que arrojó una población de 1.830.214 habitantes -cifra inexacta ya que excluyó a gran parte de la población indígena-, pasaron otros cuatro relevamientos hasta que en 1970 se realizó el primer CNP encabezado por el Indec.

El censo de aquel año tiró una “estimación” de la población de 23.364.431. La "estimación" tenía que ver con que las cédulas censales fueron provistas por una empresa y las máquinas lectoras por otra compañía, por lo que resultaban incompatibles y los resultados terminaron calculándose años después en base a la proyección del 10% de las planillas confeccionadas.

Desde el primer censo de 1869, que arrojó una población de 1.830.214 habitantes pasaron otros cuatro relevamientos hasta que en 1970 se realizó el primer CNP encabezado por el Indec.

Diez años después, en 1980 el nuevo censo daba 27.949.480 de habitantes. El que le siguió se realizó recién en 1991 ya que la crisis hiperinflacionaria, que provocó la salida de Alfonsín de la presidencia y el ingreso anticipado de Carlos Menem, demoró su concreción. El resultado fue de  32.615.528 habitantes, lo que confirmó una presunción que había quedado del censo anterior: la población crecía a un ritmo más lento ya que volvía a duplicarse sólo después de algo más de 40 años.

El censo realizado en 2001 mostró que la población era de 36.260.000 personas -51 por ciento de mujeres y 49 por ciento de hombres

La manipulación de los índices

Desde el inicio del nuevo siglo, el organismo comenzó a ser acusado recurrentemente de “alterar” sus estadísticas. Estas acusaciones provocaron una baja en su credibilidad y acusaciones de "fraude", en especial en relación al IPC.

Efectivamente, a finales de 2000 una consultora privada, contratada por el Indec, marcó que el organismo poseía una credibilidad  muy baja en los indicadores económicos y mayor en el censo.

Según el mismo, el índice de precios con el que se calcula no representa al consumidor medio sino casi exclusivamente a los estratos más altos, subestimando los artículos de primera necesidad, dando resultados equivalentes a ocultar a más de la mitad de la población, debido a distorsiones que el autor califica como intencionales.

En 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa creó una nueva metodología para el relevamiento del IPC, en la cual se incorporaron tres grandes modificaciones: se aumentaron la cantidad de productos que el índice vigila, se cambiaron las ponderaciones de esos mismos productos y se estableció el secreto sobre más de 500 de los 800 artículos.

En 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa creó una nueva metodología para el relevamiento del IPC, en la cual se incorporaron tres grandes modificaciones: se aumentaron la cantidad de productos que el índice vigila, se cambiaron las ponderaciones de esos mismos productos y se estableció el secreto sobre más de 500 de los 800 artículos.

La nueva forma de medir fue cuestionada por empleados del organismo, quienes en una publicación llamada "Cuidemos al Indec" denunciaron la obstaculización del trabajo de técnicos y profesionales. Según la misma, los cambios le quitaban representación en las estadísticas a más del 80% de la población, y haciendo que el índice fuera virtualmente insensible a los aumentos de precios de los artículos y servicios más necesarios.

El "apagón estadístico"

Durante 2006, el Secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, le reclamó a Graciela Bevacqua, que conducía la dirección que tenía a su cargo el Índice de Precios al Consumidor (IPC), por la discordancia entre los acuerdos de precios establecidos con los productores y los precios relevados en el índice.

El funcionario discutió con Bevacqua y su superior, Clyde Trabucci, debido a las metodologías utilizadas para realizar el IPC. Según Bevacqua, en octubre de 2006 Moreno le solicitó los nombres de los comercios que se encuestaban para calcular el índice de precios minorista, y la misma se negó a hacerlo, aduciendo que se lo prohibía la ley de secreto estadístico.

Uno meses después, en enero de 2007, Moreno desplazó a Graciela Bevacqua y colocó en su lugar a Beatriz Paglieri. La nobel funcionaria era de su confianza ya que su marido había sido compañero de Moreno en la UADE, en la carrera de Economía.

El punto cúlmine de la intervención de Guillermo Moreno en el Indec fue el Censo 2010 cuyas irregularidades dieron lugar a sucesivas denuncias en la Justicia. El análisis de los resultados detectó la traspolación de los datos de una población a otra.

Para dicho mes, el Indec difundió un índice de 1,1 %. En febrero, la directora Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida pidió su "desafectación" en desacuerdo por la remoción de Bevacqua. En tanto, el representante de la Unión Argentina de Inquilinos denunció que en enero de 2007 los alquileres habían subido un 70% más que la inflación promedio del mes según el INDEC.

A la remoción de Bevacqua le siguió una sucesión de nombres en la dirección general del organismo, durante ese año, hasta que en julio asumió Ana María Edwin como nueva directora.

Esos movimientos, así como cambios encarados en otras áreas -como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)- provocaron que la casi totalidad de los sectores políticos y económicos del país, incluyendo miembros del oficialismo, pidieran la remoción del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, así como un inmediato saneamiento del organismo.

Nada de eso sucedió y hacia finales de 2008, con el cambio de la medición del IPC impulsada por Moreno, la inflación acumulada había sido del 7,2%. Era tal la distorsión que el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Ignacio de Mendiguren, sostenía que para la entidad la inflación de ese año alcanzaría el 25%.

Las irregularidades del Censo 2010 dieron lugar a denuncias judiciales.

El punto cúlmine de la novela fue el Censo 2010 cuyas irregularidades dieron lugar a sucesivas denuncias en la Justicia. El análisis de los resultados detectó la traspolación de los datos de una población a otra. Por ejemplo, la población de Humahuaca estaba replicada sobre otra ubicación geográfica, distinta a la de referencia.

También se detectaron, según la investigación que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo, réplicas de registros de personas en aproximadamente 400.000 casos.

El 1 de febrero de 2013 el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una moción de censura contra Argentina en “relación con su incumplimiento de la obligación en virtud de los artículos del acuerdo con el FMI". Era la primera vez, desde su fundación en 1944, que el organismo multilateral aplicaba una medida de este tipo. En su informe de abril de 2013, advirtió además que "los controles de cambio afectan a la confianza empresarial y las inversiones" y alertó sobre el impacto negativo de la inflación.

A finales de ese año, Moreno renunció a la Secretaría de Comercio Interior pero su influencia en el organismo continuó hasta el final del kirchnerismo.

La normalización

A poco de asumir la presidencia, Mauricio Macri declaró la “emergencia estadística” y colocó en el Indec al economista Jorge Todesca, quien auspició el retorno de varios de los técnicos que habían sido removidos durante el kirchnerismo.

Uno de ellos, Graciela Bevacqua, comenzó a trabajar en la elaboración de un nuevo IPC aunque, por diferencias con Todesca, volvió a alejarse del organismo en febrero de 2016.

Mientras se corregían las imprecisiones metodológicas con la asistencia de especialistas del FMI, Todesca sugirió que se utilizarán los elaborados por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Luis mientras durará lo que llamó el “apagón estadístico”.

Finalmente, en septiembre de ese año, el Indec puso fin al “oscurantismo” estadístico y volvió a difundir, con los índices ya corregidos, su informe del nivel de pobreza e indigencia en la Argentina. Uno de cada tres argentinos era pobre según el nuevo índice, o dicho de otra forma, el 32,2% de la población.

La adulteración de los datos del Indec durante el kirchnerismo había ocultado a unos 9 millones de pobres por efecto del "apagón estadístico" al que se sometió a la administración pública.