COBRÓ U$S 181.800 POR SU TRABAJO EN LA ONU Y NO LOS DECLARÓ EN LA MAGISTRATURA

Impugnarán a Weinberg de Roca por ocultar ingresos como jueza porteña

La candidata oficial a la Procuración estaba siendo investigada en la Ciudad, pero el macrismo cerró el caso sin ver el informe del tribunal de apelaciones del ente internacional

La candidata de Mauricio Macri a la Procuración General, Inés Weinberg de Roca, recibió honorarios privados mientras era jueza de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires, algo que los magistrados porteños tienen prohibido, y no los declaró. Así se desprende de una comunicación a la que tuvo acceso El Cronista, surgida del Tribunal de Apelaciones de la ONU, que la jurista integró entre 2009 y 2016, en superposición con sus tareas en la Justicia porteña.

La información confirmada por la ONU surgió en el marco de la discusión en la Legislatura y en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, cuando Weinberg era candidata a presidir el Tribunal Superior porteño, cargo que detenta en la actualidad. Por una denuncia del diputado porteño Rafael Gentili, retomada luego por Ernesto Marcer, ex procurador del Tesoro, el Consejo de la Magistratura porteño intentó abrir una investigación al respecto, pero el macrismo hizo uso de su mayoría y cerró la posibilidad argumentando errores de procedimiento en la presentación.

Un día después de la desestimación de la denuncia, Gentili recibió la información de la ONU. Se la envió el registrador del Tribunal de Apelaciones Weicheng Lin, el 23 de mayo de 2013. "Usted está en lo correcto. La jueza Weinberg de Roca, como sus colegas en el Tribunal de Apelaciones, cobra una cantidad fija por cada caso que preside (u$s 2400) y por cada caso en el que opina (u$s 600). Los honorarios anuales que la jueza Weinberg recibió en estos años han variado dependiendo del número de casos que ha presidido y en los que ha opinado", le escribió Lin a Gentili.

Cuarenta días antes de que esa información llegara a la Argentina, Weinberg había enfrentado a la Legislatura en audiencia pública. Allí, al responder sobre este punto, señaló: "En cuanto a los sueldos de Naciones Unidas por la Convención de Viena y por las disposiciones del Estatuto, ellos están exentos de toda tributación en los países ratificantes, entre los que se encuentra la República Argentina". Sin embargo, el cuestionamiento no era por la tributación de esos honorarios, sino por la mera recepción.

Según datos de la ONU, la jueza participó en un total de 144 casos entre 2010 y 2013, por los que le correspondieron haberes por u$s 181.800. Para que pueda participar de esos casos, el Consejo de la Magistratura le había concedido en 2011, 2012 y 2013 una licencia con goce de haberes prevista en los artículos 59 y 81 de su Reglamento Interno, que permiten a los jueces asistir a actividades científicas o culturales.

Sin embargo, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la Ciudad establece que la magistratura es incompatible con "el desempeño de empleos públicos o privados" con la sola excepción de la docencia. Hay un salvoconducto: pedir una excepción al Consejo. Weinberg no lo hizo. "La Dra. Weinberg de Roca no pidió autorización en este Consejo, desde el año 2010 a la fecha, para integrar el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas, ni informó sobre dicha situación", le informó el organismo a Gentili entonces.

En el Consejo de la Magistratura, la denuncia de Marcer la promovieron los entonces consejeros Juan Manuel Olmos y Daniel Fábregas. El primero integra el PJ porteño. El segundo era representante de los abogados por la agrupación Gente de Derecho, de Jorge Rizzo, vinculado entonces a Daniel Angelici, uno de los históricos operadores judiciales del macrismo.

Quien le puso el cuerpo a la resistencia para cerrar la denuncia fue Jorge Enríquez, hoy diputado nacional por el PRO y vinculado al otro reducto judicial del oficialismo: el de José Torello, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y Elisa Carrió. Fue el que se terminó imponiendo en 2013.

Con la postulación de Weinberg a la Procuración de la Nación, para suceder a Alejandra Gils Carbó y en el período de impugnaciones abierto, el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade anunció que sumará un rechazo al que ya presentó Margarita Stolbizer. La ex diputada nacional considera que hay incompatibilidades porque la magistrada es asesora del Poder Ejecutivo y tiene relación con varios ministros del gabinete nacional, lo que podría afectar su independencia.

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