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Hogares porteños para chicos advierten dificultades para seguir en funcionamiento

Sostienen que la Agenciade Control y Defensa Civil los mantienen en un limbo legal. Reclaman una decisión política para adecuar las habilitaciones

Cerca de 800 menores viven en hogares, 650 en los de gestión privada

Cerca de 800 menores viven en hogares, 650 en los de gestión privada

Una veintena de hogares para chicos y adolescentes de gestión privada que funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corren riesgo de cerrar sus puertas a causa de un conflicto legal cuya solución sigue demorada.

Según asegura Hogares en Red, que nuclea a 19 instituciones con 25 centros de acogida, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y Defensa Civil no les entregan los permisos de habilitación y sus planes de evacuación, respectivamente, y los mantienen en una situación de incertidumbre que los ha llevado a cuidar menos chicos de los casi 400 que podrían recibir.

La red de hogares ‘conveniados’ (como se los conoce en el ambiente judicial e institucional porteño) sostiene que el gobierno de la Ciudad pone excusas para no otorgar los permisos correspondientes.

Pese a estar al día con las exigencias de higiene y seguridad establecidas en la Ley 2881, de 2008, y su posterior modificación en 2012, sobre ocho de los 19 hogares en cuestión pesan desde diciembre ‘clausuras administrativas’, que impiden la llegada de nuevos chicos, mientras el sistema –según aseguran– está colapsado por la falta de vacantes.

Los hogares actúan en los hechos como auxiliares de la Justicia, ya que reciben chicos en situación de riesgo (por casos de violencia familiar o desamparo, por ejemplo). Hay hogares que pertenecen a la Ciudad, pero las necesidades le dieron otro rol a los hogares privados, que funcionan con permisos precarios (ver recuadro).

El reclamo fue planteado oportunamente a las autoridades del Ministerio de Hábitat y Desarrollo, que conduce Guadalupe Tagliaferri; la Dirección General de Niñez, a cargo de Gabriela Francinelli; la Asesoría General Tutelar y la AGC, a cargo del ex subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace. Hay en estudio una iniciativa oficial que busca que los hogares sean encuadrados en un régimen especial, tal como existe para los centros culturales barriales, de modo que las normas se adecúen a las condiciones de vida familiar que los hogares deben replicar para cumplir las leyes nacionales de protección de niños, niñas y adolescentes. Hoy la ley les impone una habilitación similar a la comercial, con requerimientos que no están al alcance de sus manos.

"No nos oponemos a los controles, pero sucede que desde hace ocho años nos piden cada vez más y, cuando cumplimos, se desaparecen sin otorgarnos la habilitación", comenta Norberto Kohen, secretario del hogar La Casona de los Barriletes, que recibe a adolescentes en Liniers. En la misma línea se expresa Patricia Pérez, directora del hogar de niños Soles en el Camino, de San Cristóbal: "El régimen de habilitaciones atenta contra la formación de nuevos hogares. De hecho, en ocho años de vigencia de esta ley se creó apenas un nuevo hogar".

Los voceros de los ‘Hogares en Red’ sostienen que la negación de las habilitaciones es un síntoma del ‘colapso’ en el que se encuentra el Sistema de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

"Hay una desfinanciación del sistema, con defensorías estalladas de trabajo, sin personal suficiente y sin respuesta para los pibes que necesitan nuevas condiciones de vida", evalúa Kohen. Pérez, en tanto, apunta a la AGC: "Reconocen un problema pero no quieren dar la habilitación porque temen ser penalmente responsables ante un incidente. Falta voluntad de las más altas autoridades para resolver esta deuda de la política".

Consultados por El Cronista, las autoridades porteñas sostuvieron que en 2017 habrá "una decisión política" sobre el fondo de la cuestión, que es la adecuación del régimen de habilitaciones. Y desde la Dirección de Niñez y Adolescencia dijeron estar trabajando en conjunto con la AGC y las organizaciones de la sociedad civil "para asegurar que los hogares puedan continuar operando con normalidad".