Habrá congelamiento "limitado" de tarifas y estudio de costos

Los Aportes de los Equipos Técnicos de la Unidad del Partido Justicialista (PJ), cuyos especialistas presentaron un documento en octubre al ahora presidente Alberto Fernández, toman renovado impulso como fuente del programa de gobierno del Frente de Todos.

La propuesta de intervenir los entes reguladores de los servicios públicos de la energía (transporte y distribución de gas y electricidad) entrará este martes en el Congreso junto al de un congelamiento temporario de las tarifas, que durará al menos seis meses.

Inspirado en ese documento, los asesores del nuevo Gobierno en materia energética apuntaron a El Cronista que buscarán una intervención "limitada", con el fin de crear una Comisión de Revisión Tarifaria Integral (RTI), que deberá establecer el costo real de producción y transporte de gas y electricidad en un plazo de 100 días.

"Recomendamos analizar si los costos son eficientes y las tarifas, razonables", amplían en el peronismo.

"Una vez conocida la verdadera ecuación económica de estas empresas, se renegociarán las tarifas de luz y gas, y se desarrollará una política de actualización futura que contemplará los costos de mantenimiento, el valor de las inversiones realizadas y requeridas; y una tasa de rentabilidad razonable de los operadores", dice el documento del PJ.

"Hasta tanto no esté establecida la estructura de costos, las tarifas permanecerán congeladas. La Comisión de RTI continuará sus funciones en los próximos años, siguiendo la evolución real de los costos de generación, transmisión y distribución de la energía", agrega el informe.

Las tarifas a revisar no solo serán las del Valor Agregado de la Distribución (VAD), cuyo impacto el Estado Nacional puede manejar para todas las transportistas y distribuidoras de gas natural del país y para las transportistas de electricidad de concesión nacional, así como para Edenor y Edesur; sino también habrá un intento por renegociar los costos mayoristas del sistema eléctrico.

Tal como adelantó en exclusiva este diario, el flamante Gobierno tiene la facultad de cambiar los precios y desdolarizar (pesificar) la mitad de la generación que está sin contrato y vende la energía en el mercado spot.

Además, el PJ propuso bajar los precios del gas en boca de pozo (el que se le paga a las petroleras que lo producen) para disminuir otro tanto los costos totales del sistema.

No será fácil, ya que las centrales termoeléctricas pagaron en los últimos meses un promedio de u$s 2,72 por millón de BTU, incluso más bajo que en 2015, según datos oficiales.

En adelante, las declaraciones periodísticas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, de que una extensión prolongada de los congelamientos de tarifas afectarían los núcleos de inversión necesarios para mantener la calidad deja entrever que las compañías prestadoras de los servicios recuperarán progresivamente ingresos pero no al mismo ritmo ni con idénticos índices de actualización que en los últimos años, sino enlazados a un mix entre inflación y salarios.

Tanto sobre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) como el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) pesará la sombra de una repentina intervención para deshacer actos administrativos de los últimos años y modificar la estructura de cargos.

Las tarifas serán solo una parte de la revisión y se mantendrían sin cambios durante al menos los primeros seis meses.

El espíritu es un cambio de modelo. El kirchnerismo entiende que los entes reguladores fueron copados por hombres y mujeres que trabajaron previamente en las empresas que ahora regulan y sospechan que son permeables a los intereses de sus ex empleadores.

Se impone, entonces, un giro: el oficialismo buscará que ingresen a esa función técnicos con experiencia en roles de contralor pero sin conocimientos de la gestión de las firmas de electricidad y gas.

Pero tanto Andrés Chambouleyron como Mauricio Roitman, presidentes del Enre y el Enargas, respectivamente, fueron nombrados mediante un concurso público de antecedentes a fines de 2017, y fueron designados al vencer el plazo para que haya acuerdo del Congreso Nacional, que omitió validar sus cargos.

Una intervención sería una mala señal para los intereses de los privados, quienes temen que finalmente los regulen funcionarios designados por favores políticos y con poco o nulo expertise en el área.

"Sospechan que somos hombres de las empresas porque no nos conocen", aseguran en los organismos. Entre 2016 y 2017, bajo el mando de Juan José Aranguren como ministro de Energía, Chambouleyron había sido subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria y Roitman, subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos de Planeamiento Energético.

Hasta el momento, corren apenas rumores sobre los nombres de los posibles interventores de los organismos reguladores. El sanjuanino Jorge Rivera Prudencio, que sonó la semana pasada para ir al Enre, terminará como director en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Ante las insistentes versiones de que Chambouleyron habría dejado escrita su renuncia, éste funcionario las negó.

A su vez, para el Enargas cobra fuerza el nombre de Martín Guglielmone, ex gerente que trabajó durante la intervención de Antonio Pronsato.