Lunes  29 de Junio de 2020

Guzman cedió ante acreedores u$s 10.000 millones a 10 años en concepto de vencimientos

La oferta global inicial del Gobierno era del u$s 32 a u$s 34 mientras que actualmente se ubica en el rango de entre u$s 50 y u$s 57 promedio. Desde lo económico la distancia se ha acortado a u$s 7 desde los u$s 21 originales. Estas mejoras implican menos ahorro futuro.

zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 17: El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó esta mañana una conferencia de prensa en el Microcine del Palacio de Hacienda donde anunció el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.Foto NA zzzz

Desde la primera oferta sobre la deuda externa hasta hoy, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ofertó ceder a los acreedores u$s 2000 millones en vencimientos a 4 años y u$s 10.000 millones en vencimientos 10 años.

Si bien los acreedores cedieron posiciones en relación a la parte económica, fue el Gobierno el que más se estiró para acortar la brecha. Del otro lado, los bonistas exigen mayores protecciones legales.

La oferta global inicial del Gobierno era del u$s 32 a u$s 34 mientras que actualmente se ubica en el rango de entre u$s 50 y u$s 57 promedio y desde lo económico la distancia se ha acortado a u$s 7 desde los u$s 21 originales. Estas mejoras implican menos ahorro futuro por parte del Gobierno los cuales suman u$s 10.000 millones en 10 años.

Fernando Marull, economista y director de la consultora FMyA explicó que, para10 años, Guzmán ya cedió u$s 10.000 millones y u$s 3000 para ser pagados durante la gestión de Alberto Fernández.

“En los últimos dos meses el Gobierno mejoró todos los frentes. Mejoro el capital, cediendo una quita del 5% al 2% en promedio. También reconoció los intereses devengados, que se le sumó u$s 2 y subió los cupones en 1 puntos de 2,5% a 3,6%", dijo.

Y apuntó que además "achicó el período de gracia de 3 años a uno y sumo el endulzante. Todo eso mejoró la oferta del gobierno en u$s 11 desde niveles de u$s 41 a u$s 52, lo que implica una mejora en términos de pagos para los próximos 4 años, u$s 2000 millones, desde u$s 300 a u$s 2300 y mejoró u$s 10.000 millones en 10 años, hasta el 2029, desde u$s 24.000 millones a u$s 34.000 millones. También se mejoró en la parte legal, en la que los bonos a 2005 le mantuvo el prospecto. Mas allá de esto, aun persisten las diferencias económicas y legales se mantiene y todavía falta limar las diferencias”, advirtió.

Francisco Velasco, head de research de Banco Mariva coincidió con Marull a la hora de señalar que Guzman cedió su posición frente a los acreedores en relación a la totalidad de vencimientos.

"Desde la primera oferta, la única oficial, hasta la tercera propuesta que discutió con acreedores, Guzmán pasó de ofrecer pagar u$s 331 millones durante el actual período presidencial a u$s 1767 millones. Además, hasta 2030, los pagos por deuda ley internacional pasaron de u$s 28.000 millones a u$s 43.000 millones", indicó.

"A ello se le suman más concesiones, como pasar de querer pagar u$s 0 por intereses vencidos y los corridos a ofrecer un bono a 2030 por los mismos. De todos modos, los acreedores no le van a tomar el total de estas concesiones como reales, ya que él mismo dijo en una entrevista que la primera oferta sirvió para anclar expectativas, es decir admite públicamente que era una oferta baja para empezar a negociar desde ahí", explicó Velasco.

Analistas consideran que las concesiones que efectivamente llevó a cabo el Gobierno están en línea con lo que Argentina esta en condiciones de pagar.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS, destacó que el Gobierno fue mejorando la oferta a medida que avanzaron las negociaciones y la última propuesta planteó llevar los vencimientos por encima de los u$s 10.000 millones para 2025, algo que creen que está en la región de lo que puede pagar Argentina.

“La oferta inicial de Argentina implicaba una fuerte reducción de los vencimientos de deuda neta de mercado entre 2020 y 2025. Asumiendo que la misma oferta de reestructuración se extendía a los bonos bajo ley local, el planteo de Argentina implicaba bajar los vencimientos desde los actuales u$s 55.000 millones de dólares hacia los u$s 2.500 millones. Claramente fue algo excesivo con relación a lo necesario para la sostenibilidad de la deuda, pero creo que se trató de un movimiento más bien estratégico para sentar una posición inicial alejada de la verdadera capacidad de pago para luego tener espacio para ceder en la etapa de negociaciones”, dijo Yarde Buller.

Un mayor acercamiento

Si bien el mayor acercamiento entre las partes es positivo, así como también que se extienda la continuidad en las negociaciones, los riesgos sobre que se caiga un acuerdo se mantienen y el mismo termina afectando a los bonos. Nicolas Max, head de asset management de Criteria explicó que, de momento, las negociaciones entran en un impasse.

Además remarca que el acercamiento entre las partes ya que, desde posiciones iniciales antagónicas se habían acercado notablemente e indican que, como referencia, a una tasa de salida estimada en 10%, las propuestas están entre u$s 50 y u$s 57 promedio, desde lo económico la distancia se ha acortado a u$s 7 desde los u$s 21 originales.

“La brecha entre el valor presente de Gobierno y acreedores estaría en el orden de los 5 y 8 puntos. O en rigor, entre u$s 5000 y u$s 7500 millones de diferencia. Sin embargo, el tenor de los comunicados, así como el plazo extendido, habla de una negociación que se enfría", indicó Max.

"Siempre hay un elemento de “teatralidad” y tirantez en este tipo de negociaciones, que involucran miles de millones de dólares, pero el riesgo de romper el acuerdo también es concreto. El principal grupo de bonistas calificó a las negociaciones como un “fracaso” e indicó públicamente que explora la vía legal. Más allá de números, hay también otras discrepancias en cuanto al resguardo legal”, dijo Max.

Finalmente, el especialista explica que los bonistas buscan condiciones de contrato similares a las que consiguieron en el canje de 2005, en detrimento de las que recibieron los acreedores en 2016. “Estas últimas ofrecen una protección notablemente inferior a los bonistas, y más favorables al soberano. Son las condiciones con las que el gobierno de Fernández quiere blindar los nuevos bonos del canje”, afirmó.

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