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Gollan, Aníbal y otros funcionarios, a juicio por el plan Qunita

Lo decidió el juez Claudio Bonadío. Investigan una supuesta "administración fraudulenta" en la compra de los materiales.

Gollan, Aníbal y otros funcionarios, a juicio por el plan Qunita

El juez federal Claudio Bonadio envió hoy a juicio oral al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández y al ex ministro de Salud, Daniel Gollán, acusados de presunta "administración fraudulenta" por sobreprecios en la implementación del Plan Qunita, destinado a proveer de un kit de productos para el bebé a madres de sectores vulnerables.

Se trata de un total de 18 procesados, con algunos ex funcionarios sobreseídos, como el ex ministro del área y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

Para la acusación, el plan generó un perjuicio económico "considerable" a las arcas del Estado ya que la partida presupuestaria librada fue de 1.097 millones de pesos para 140.000 kits cuando la prevista originalmente para la operación era de 675 millones para 150.000 kits.

La denuncia original había sido presentada por la legisladora porteña Graciela Ocaña en base al cotejo de precios públicos minoristas y los adjudicados para entregar a recién nacidos a madres beneficiarias de planes sociales.

De acuerdo a la acusación, se habría diseñado un pliego "a medida" y se habría direccionado la licitación para que resulten ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados, ya que sólo registraban experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.

Los empresarios acusados pertenecen a Compañía Narciso SRL, Grupo Diela SRL, Dromotech SA, Fibromad SA, Delta Obras y Proyectos SA y Fassano SRL.

Se determinó que en algunos casos compraron lo necesario para el kit antes de ganar la licitación y que todos acudieron a un mismo proveedor el mismo día para hacerse de uno de los elementos, además de actuar de manera coordinada al presentar sus ofertas.

Según la fiscalía, estas firmas fueron beneficiadas con una decisión que estaba tomada de antemano y proveyeron al Estado los kits por un valor de 7.900 pesos cada unidad, cuando en el mercado se conseguían por 4.000 pesos, de acuerdo a la denuncia de Ocaña.

El kit constaba de una cuna de cuna de madera con sistema de encastre y bolsillos de tela, colchón, dos juegos de sábana, un acolchado y una frazada polar, además de un saco de dormir y un cambiador.

También se proveía al beneficiario de dos enteritos de manga larga, dos de manga corta, bolso materno y un termómetro digital, algodón, chupete, babero, mordillo y sonajero, así como una guía de cuidados.

En septiembre  último, el anuncio de que Bonadio había ordenado la incineración de unas 60.000  cunas no entregadas y otros efectos por supuestos riesgos de seguridad para los bebes generó una ola de protestas que derivó en la anulación de la disposición judicial. Incluso UNICEF interpuso un pedido para que el juez desista de la quema de los materiales.