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Gils Carbó se defendió de las acusaciones

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, afirmó que no existe "vínculo" entre sus gestiones para "garantizar las partidas presupuestarias destinadas" a la compra del edificio sobre la calle Perón y "las maniobras ilegales que pudieran haber cometido funcionarios vinculados con esa operación".

Mientras la Justicia investiga supuestas irregularidades en esa compra, Gils Carbó rechazó un informe periodístico que señaló que se había involucrado en las gestiones para la adquisición de nuevas oficinas para la Procuración General, a través de una solicitud de ampliación presupuestaria.

"No existe vínculo alguno entre las gestiones realizadas institucionalmente con el Poder Ejecutivo Nacional para garantizar las partidas presupuestarias destinadas a la adquisición del inmueble de la calle Perón 667 y las maniobras ilegales que pudieran haber cometido funcionarios vinculados con esa operación, las cuales est n siendo investigadas judicial y administrativamente", señaló la Procuración en un comunicado.

Al respecto, sostuvo que "cualquier relación entre ambos hechos resulta arbitraria y busca sembrar sospechas sobre el funcionamiento habitual del organismo y su necesaria coordinación con las demás autoridades de la República".

"La Procuradora General se comunicó telefónicamente con la Secretaría General de la Presidencia y con la Secretaría Legal y Técnica. Esos llamados tuvieron lugar entre otros tantos contactos que ella y diversos funcionarios de la Procuración General mantuvieron entre diciembre de 2012 y mayo de 2013 con representantes de la Administración a efectos de asegurar el reconocimiento de los créditos presupuestarios necesarios para la compra del edificio", señaló el organismo, que sostuvo que "la reestructuración presupuestaria que dio lugar a la adquisición del inmueble está prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal".