Gas: denuncian a Aranguren por elevar en u$s 1343 millones las tarifas

El interventor del Enargas, Federico Bernal, busca que se declaren nulos los aumentos de tarifas aplicados desde fines de 2016. La intervención del Indec está en el origen de la causa

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, denunció penalmente por segunda vez en los últimos dos meses al ex ministro de Energía Juan José Aranguren y otros seis ex funcionarios de su equipo, por supuestos sobreprecios en la determinación de las tarifas de transporte y distribución de gas, que le habrían costado a los usuarios unos u$s 1343 millones entre 2017 y 2021.

Su objetivo final es declarar nulos los aumentos de tarifas aplicados desde 2016. Ya recomendó al Gobierno hacerlo con Camuzzi.

La presentación ante la Justicia, para la que fue asesorado por el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, alude a los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.

El origen de esta causa tiene que ver con el congelamiento de las tarifas desde 2002, la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a partir de 2007 y la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2016.

En la RTI, el anterior Gobierno definió un factor de actualización sobre la base tarifaria de 33 veces (3300% de punta a punta, desde enero de 1993 a diciembre del 2016) para intentar mantener constantes las tarifas reguladas que perciben transportistas (TGN y TGS) y distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, entre otras).

Esa cifra surgió de los números del Indec, que tuvo que recomponer sus series tras la desconfianza que generó, sobre todo, el índice de inflación difundido entre 2007 y 2015.

Sin embargo, Bernal, con llegada a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, argumenta que ese factor de actualización fue una "manipulación" para que las empresas puedan recuperar lo perdido entre 2002 y 2015, mientras estuvo vigente una ley de Emergencia Económica y las tarifas se mantuvieron congeladas.

El factor de actualización, según él, debió haber sido de 24 veces o aún menor. La sobredimensión "arbitraria" de este índice resultó en que los usuarios debieran destinar unos u$s 1343 millones más.

En ese cálculo, además, se les concedió a las licenciatarias lo que amenazaban con reclamar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que era cerca de u$s 3450 millones.

El proceso de aumento de tarifas a partir de abril de 2017 constó de un acuerdo para que las distribuidoras y transportistas se olvidaran de esos reclamos.

La denuncia marca que el Gobierno anterior asumió como perdidos juicios que todavía no se habían iniciado.

Las causas que sí tuvieron un resultado negativo para el Estado fueron las de Transportadora de Gas del Norte (TGN) -iniciada por su ex accionista, la francesa Total, junto a Central Puerto e Hidroeléctrica Piedra del Águila- por u$s 311 millones y la de Metrogas -en donde actuó British Gas- por u$s 186 millones.

El Cronista se contactó con Aranguren, que desistió de responder a esta denuncia hasta que pueda acceder a la causa.

Pero uno de los funcionarios que trabajaron en el proceso de RTI explicó a este diario que el factor de actualización que debió haber correspondido para que las empresas recuperaran todo lo perdido era mayor a 50 y que se acotó esa cifra para reconocer únicamente lo actuado en las "Actas Acuerdo", firmadas por el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, entre 2006 y 2007.

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