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Garavano dijo que no hay proyecto para ampliar la corte

El ministro de Justicia y Derechos Humanos destacó que “primero hay que completar” el tribunal.  De todos modos reconoció que “sí hay muchas presiones del establishment político”.  

Garavano dijo que no hay proyecto para ampliar la corte

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo que no hay un proyecto para la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia pero admitió que “hay muchas presiones” en ese sentido, y afirmó que “primero hay que completar” el tribunal.   

“No, hoy no hay nada. Sí hay muchas presiones, instalaciones del tema, de lo que podemos decir el establishment político”, expresó el funcionario respecto del aumento del número de integrantes del tribunal.

En declaraciones a radio Cooperativa, Garavano sostuvo que “primero hay que completar la Corte, tienen que estar los dos jueces nuevos propuestos por el presidente”, en alusión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, cuyas designaciones realizadas por decreto se encuentran en el Senado.

“Recién después de ver cómo funciona, empezaremos a discutir o no una eventual ampliación” de los integrantes de la Corte, añadió. El funcionario sostuvo que es “apresurado e inadecuado relacionar una cosa con la otra. El presidente los eligió  pensando en la independencia”.

Consultado sobre la designación por decreto de los dos jueces para integrar la Corte, manifestó que “fue una decisión que tomó el presidente, que nosotros acompañamos. Era el mecanismo constitucional para hacerlo”.

En ese sentido, manifestó que “lo que esperamos es que el Senado, calculamos en el mes de marzo, le pueda dar acuerdo a los jueces y puedan integrar el tribunal”.

Por otra parte, dijo que almorzó la semana pasada con la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. “Le pedí en su momento que dé un paso al costado, pero está firme en seguir en su posición”, indicó el funcionario.

En ese sentido, destacó que tiene “fuertes objeciones profesionales en términos de lo que fue el proceso de reforma procesal penal, que empezó con clara finalidad política y no para ayudar en el combate de la delincuencia”.