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“Lo de Cristina es una sobreactuación en el marco de un proceso judicial”

El ministro de Justicia Germán Garavano se refirió a las declaraciones de la expresidenta respecto a que el juez Claudio Bonadio quería dejar detenida a su hija Florencia. Consideró que la "estrategia" de la defensa es "llevar todo a un plano político y de discusión mediática".

“Lo de Cristina es una sobreactuación en el marco de un proceso judicial”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, dijo que el aviso de la ex presidenta Cristina de Kirchner en las redes sociales de que el juez Claudio Bonadio quería dejar detenida a su hija Florencia Kirchner parecía “una sobreactuación en el marco de un proceso judicial que está llevando adelante un juez” y consideró que por ahora “no parecen dadas las condiciones para una detención”  tampoco de la ex presidenta.

Además dijo que la seguidilla de denuncias que el kirchnerismo presentó contra funcionarios nacionales es “parte de la misma estrategia”, y pidió diferenciar entre “dos modelos”, porque los actuales funcionarios en vez de “denunciar persecución política, lo que hacen es presentarse ante los jueces y aportar información”.

“Me parece que es una sobreactuación en el marco de un proceso judicial que está llevando adelante un juez“, opinó Garavano en diálogo con la radio La Once Diez, y pidió “tratar de ser más respetuosos de los procesos judiciales”.

El funcionario consideró que hasta ahora “los jueces han actuando con prudencia”, y que las detenciones en nuestro sistema “son casos excepcionales, con lo cual, no parece que esto fuera la situación, más que un tema más político”, interpretó.

Garavano recordó que en el sistema penal argentino la prisión preventiva puede dictarse ante peligro de fuga o de entorpecer la investigación.

 

“Yo, como persona que ha trabajado en la justicia federal, no parecen por el momento dadas las condiciones para una detención”, sostuvo sobre la investigación a Cristina Kirchner en la causa Los Sauces, donde se investiga si dinero proveniente de la obra pública terminó en manos de la familia Kirchner a través del pago de alquileres en hoteles de su propiedad, aunque dijo que no conocía “en profundidad el expediente”.

El ministro consideró que “en este caso hay una estrategia (de la defensa de la ex presidenta), que es legítima, de llevar todo esto a un plano político y de discusión más mediática, donde se deja de lado el delito que está investigando el juez y nos quedamos discutiendo sobre otras cuestiones”.

Para Garavano, “lo que implica es sacar del plano a los hechos que la Justicia quiere verificar o descartar, y ponerlo en un plano más político, de confrontación”.

En este sentido el ministro consideró que hay “una diferencia entre dos modelos” de Gobierno, y se mostró partidario de “dejar que la Justicia actúe y no entrar en esta lógica de confrontación”. Garavano pidió comparar la actitud del kirchnerismo con la que mantienen los funcionarios del macrismo denunciados en la Justicia. 

“El kirchnerismo, como parte de la misma estrategia, promueve denuncias contra funcionarios del gobierno de modo habitual por cualquier cuestión, y nuestros funcionarios -a diferencia de denunciar persecución política- lo que hacen es presentarse ante los jueces y brindar explicaciones, brindar información para tratar de aclarar las cuestiones”, comparó.

Como conclusión, el ministro sostuvo que eso “es justo lo opuesto a lo que estamos viendo con esa frase rimbombante de la persecución política”, en alusión a las expresiones de la ex presidenta y del PJ que salió en su apoyo.

Siguiendo con la posibilidad cierta o no de que la ex presidenta quede detenida el martes cuando se presente a declarar ante el juez Bonadío, Garavano consideró que debería existir “resistencia procesal o entorpecer el accionar de la Justicia”, y que él, a través de los medios, lo que ve es que la ex presidenta “se presenta en las citaciones y cumple con la órdenes de los jueces”.

Pero el ministro consideró que el mayor problema, en general, con estas denuncias, es que se prolongan en el tiempo arrojando dudas sobre los imputados. Por eso pidió a la Justicia “que defina rápidamente si existe mérito para que vayan a juicio oral. Y si no hay elementos que se resuelvan rápidamente, para no estar ante casos que se eternicen” y que los funcionarios (de cualquier gobierno) “queden sometidos a un proceso judicial sin fundamento”.

Fuente: Télam