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Fuerte lobby para liberar control de patentes alerta a la industria farmacéutica

En una carta enviada al ministro Francisco Cabrera, la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual (AAAPI) pide la derogación de normas del INPI

El cambio de Gobierno y las intenciones de retomar las "relaciones carnales" con Estados Unidos motivaron a los agentes de propiedad intelectual a comenzar un fuerte lobby ante las nuevas autoridades contra las regulaciones argentinas del sistema de patentes. Tanto es así que la entidad que los nuclea envió una nota al ministro de Producción, Francisco Cabrera, y mantuvo una reunión con funcionarios de su área para pedir cambios en la normativa, lo que generó una fuerte preocupación de la industria farmacéutica argentina.
"Nos dirigimos a usted en representación de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual (Aaapi) para llamar su atención sobre la grave situación en la que se encuentra la administración del sistema de patentes en nuestro país", comienza la nota enviada por la entidad a Cabrera, el 13 de enero.
Los agentes son los encargados de tramitar los pedidos de patentes ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y cuestionan una serie de normas instrumentadas por este organismo para evitar que los grandes monopolios mundiales farmacéuticos extiendan sus patentes más allá de los 20 años autorizados. Concretamente para esta industria, los agentes pidieron la derogación de una resolución conjunta de las carteras de Salud, Producción y el INPI del 2012, que estableció lineamientos (guías) a los que se tiene que ajustar el INPI cuando analiza el pedido de una patente. "Las guías se aplicaron para evitar las patentes truchas, como por ejemplo, los segundos usos de las drogas, o diferentes formas farmacéuticas por las cuales los laboratorios líderes del mundo pedían nuevamente la patente", enfatizó un empresario de la industria local.
La Ley Argentina de Patentes, del 1995, adoptó las bases dispuestas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) relacionados con el Comercio de la OMC, firmado el año anterior en la ronda de Uruguay. A partir de este convenio multilateral, que estableció el plazo de 20 años para las patentes, luego cada país es soberano en determinar qué es nuevo, qué tiene altura inventiva y qué tiene aplicabilidad industrial, tres requisitos para obtener las licencias. Pero hasta 2012, la normativa era ambigua, por lo que los laboratorios nacionales debían recurrir a la Justicia para pelear cada una de estas "patentes truchas", como le llama la industria.
A partir de la carta enviada a Cabrera, y frente al temor de que la visita del presidente norteamericano Barack Obama y los intentos por recomponer el vínculo con Estados Unidos –político y comercial– derive en concesiones del Gobierno en ese área, los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa) encendieron la luz amarilla. El director ejecutivo de la entidad, Alfredo Chiaradía, junto al presidente de Cilfa, Isaias Drajer, de laboratorios Elea, se reunieron semanas atrás con Cabrera y le transmitieron su preocupación, según contó el empresario farmacéutico, Rubén Abete, en un reunión del comité ejecutivo de la UIA. "Se quiere advertir que en el marco de las buenas relaciones puede estar escondido un pedido de extender monopolios", enfatizó un empresario del sector.
La carta de la Aaapi también hace referencia a que el contenido de la norma es "ilegal y abiertamente inconstitucional" y que "son numerosas las empresas que han visto cercenados sus derechos" y que decidieron posponer inversiones en la Argentina a la espera de que se cumpla con las normas del acuerdo ADPIC. "Otras directamente han decidido dirigir sus inversiones a países vecinos (...) Todo ello se reflejó en una constante reducción de las solicitudes de patente en la Argentina", agrega la misiva de la entidad.