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El Gobierno no consiguió la lista de extranjeros anti-G20

Seguridad pretendía hacerse con los nombres de los manifestantes detenidos en la anterior cumbre en Hamburgo, pero le fueron denegados. El mecanismo, similar al ocurrido con la conferencia de OMC, había provocado la queja de organismos de Derechos Humanos, que exigen que se permitan las protestas públicas.

El Gobierno no consiguió la lista de extranjeros anti-G20

En los últimos meses, el Gobierno pretendió sin éxito impedir el ingreso de extranjeros venidos al país con motivo de la Cumbre de Líderes del G20, en cuyos márgenes se esperan multitudinarias manifestaciones de repudio a la realización del encuentro.

Según pudo saber El Cronista, el ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, requirió a las autoridades alemanas un listado con los más de 450 manifestantes globalófilos detenidos en julio de 2017 en Hamburgo, el marco de una de las protestas más agresivas que haya conocido esta cumbre.

La intención de la cartera de Bullrich era investigar sus antecedentes y librar "alertas" a las embajadas para negarles la tramitación de visas, o bien, impedirles el ingreso al país en su llegada a los aeropuertos o las fronteras terrestres o marítimas.

Sin embargo, la Justicia alemana comunicó que le era "incompatible" con sus normas internas compartir la identidad de sus ciudadanos u otros detenidos sobre los que no pesa condena firme y que están amparados por la presunción de inocencia.

El requerimiento argentino descubrió el intento de mantener la política de fronteras reforzadas puesta en práctica el año pasado, con motivo de la undécima conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio.

Marchas y protestas

De hecho, Macri instruyó a diversas áreas del Gobierno para "profundizar los controles" y ser "más minuciosos" en las fronteras, según contó el diario La Nación; en tanto Bullrich avisó que “la gente que esté afrontando acusaciones penales o haya sido advertida por actos ilegales o de violencia, no tendrá permiso de ingreso al país".

El Gobierno prepara para los días de la cumbre un operativo para el que fueron convocados cerca de 22.000 efectivos, entre fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, sin precedentes.

Frente a estos intentos, diversas organizaciones de Derechos Humanos plantearon su preocupación, y Amnistía Internacional, desde su sede regional para América latina, demandó al Gobierno que "garantice el derecho a manifestarse públicamente", al tiempo que requirió seguir "estrictamente los estándares de uso de la fuerza" y "por encima de la lógica represiva".

La escalada de violencia que puedan provocar manifestantes o las fuerzas de seguridad motivó al Foreign Office británico y, más recientemente, a la embajada de los Estados Unidos en Argentina, a emitir alertas de seguridad para sus ciudadanos, recomendándoles evitar las zonas de concentración.

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