Fernández: "Sigo buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de Vicentin"

El presidente confirmó que seguirá buscando "alternativas" para que la empresa pase a control estatal. Cómo será el plan mixto y por qué perdió la pulseada con el Poder Judicial.

Alberto Fernández  dijo hoy que sigue "buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de la cerealera Vicentin , resuelva los problemas y tengamos una empresa que nos permita ver como ese mercado funciona y se desarrolla". La idea es que el Estado obtenga, por una vía distinta a la expropiación, el 51% del paquete accionario del holding agropecuario y de esta forma controlarlo. 

"Sigo diciendo que estoy dispuesto absolutamente a encontrar una solución alternativa", dijo el mandatario en declaraciones a radio El Destape

El Presidente añadió que quiere que el Estado maneje una empresa que le sirva de "referencia" en un mercado estratégico como el de la exportación agropecuaria y descartó ser socios de los Nardelli y Vicentin, aquellos que "causaron el problema" de la compañía hoy concursada y con una catarata de deudas con bancos públicos y privados, fisco y productores.

Según explicó, el Estado se quedaría con las acciones, a costo 0, por la deuda que actualmente tiene Vicentin. Eso da, según los cálculos del jefe de Estado, "entre un 20 y un 25%" del paquete accionario

El presidente Alberto Fernández consideró hoy como "un dislate jurídico de magnitud" la decisión de la justicia de Reconquista, que aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.

"Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez, con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud", dijo el mandatario esta mañana.

Alberto Fernández consideró hoy como "un dislate jurídico de magnitud" la decisión de la justicia de Reconquista, que aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.

El plan para tener el 51%

Alberto apuntó que otro porcentaje de las acreencias quedan en manos de productores agropecuarios (principalmente asociaciones cooperativas).

El Estado, entonces, podría comprar esa participación y así llegar a un porcentaje mayor de las acciones. Por último, comprarían parte de los papeles de los actuales dueños y así, con todo el paquete, alcanzar la mayoría accionaria y el control de la firma. 

Sin embargo, la decisión recae en el juzgado comercial de Reconquista, que ayer falló darle la administración de la firma nuevamente al directorio de la compañía y degradar a los interventores del Estado a simples veedores del proceso concursal.

Si el magistrado Fabián Lorenzini lo acepta, se avanzará en la "propuesta superadora" pero el jefe de Estado ya advirtió que, en caso negativo, impulsará el otro instrumento legal que posee el Poder Ejecutivo: la expropiación por utilidad pública, a través del proyecto de ley. "Si me dice que no, estaremos obligados", recalcó Alberto.

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