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Expertos piden ajustar penas a empresas que participen en hechos de corrupción

El proyecto que envió el Poder Ejecutivo en octubre se analizó ayer en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General de la Cámara baja

Especialistas recomendaron mejoras a la iniciativa del Gobierno

Especialistas recomendaron mejoras a la iniciativa del Gobierno

La Cámara de Diputados abrió ayer el debate del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentó hace cinco meses para penalizar a las personas jurídicas que participen en delitos contra la administración pública. El puntapié de la discusión lo dieron 16 expertos que recomendaron mejoras a la iniciativa, con especial énfasis en las penas y en los atenuantes que regirán en caso de aprobarse la ley.

El proyecto oficial, que busca cumplir un requisito de la Convención para combatir el Cohecho Internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alcanza a las sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones y cooperativas; las que tendrán responsabilidad penal en casos de malversación de fondos, negociaciones incompatibles con funciones públicas y exacciones ilegales.

Según el texto, esas instituciones podrían ser condenadas incluso cuando la Justicia falle en identificar a la persona física involucrada en las coimas, siempre que se verifique que el ilícito ocurrió dentro del ámbito de la empresa. En cambio, las organizaciones no serán responsables si se comprueba que el delito fue realizado para el beneficio de la persona que lo cometió.

Al respecto, el Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Agustín Carrara, destacó que la iniciativa viene a llenar "una necesidad de política criminal importante" pero advirtió que "el proyecto piensa a la corrupción empresaria desde la lógica del empleado infiel" y que eso "va en contra de la realidad". "Los casos más graves son los de corrupción como decisión de gestión empresarial", remarcó Carrara, y puso como ejemplo la actuación de la constructora Odebrecht en Brasil y la región.

El especialista en derecho penal Diego Luna agregó que "los cuatro supuestos que prevén la exclusión de la responsabilidad terminan diluyendo todo lo positivo que el proyecto podía tener" porque, a su juicio, bastará con que las empresas tomen "simples recaudos" para quedar eximidas de las penas.

Por su parte, el director del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Vitolo, advirtió que la sanción extrema de disolver la personería jurídica de la institución que haya cometido el delito puede terminar penalizando a los trabajadores. "Pongamos preso al que cometió el delito, expropiemos los bienes, pero no penalicemos la actividad económica", subrayó.

Mientras que el secretario del Poder Judicial Pablo Frick coincidió en que "el proyecto es imprescindible". "No es un régimen integral pero es un buen comienzo. Alcanza a un segmento de los delitos. Sólo para cuando interviene la administración pública", enfatizó. La iniciativa no penaliza la corrupción entre privados.

A su vez, Guillermo Jorge, del Centro de Estudios Anticorrupción San Andrés, remarcó que "hoy las empresas tienen incentivos para que las personas cometan delitos en su nombre", por la falta de un régimen penal, que es el que el proyecto vendría a cubrir.