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Ex secretarios de Energía apoyan suba de tarifas pero critican la falta de audiencias

Emitieron un documento en el que respaldan los ajustes del primer semestre pero objetan la ausencia de audiencias como exige el proceso legal para fijar tarifas

Ex secretarios de Energía apoyan suba de tarifas pero critican la falta de audiencias

Son horas decisivas para el Gobierno en materia energética. Mientras funcionarios del Ministerio de Energía trabajan contrarreloj en la búsqueda de una salida política a los frenos judiciales de los aumentos de tarifas, ayer el grupo de los ex secretarios de Energía emitió un comunicado en el que apoyó la recomposición de precios de los servicios gasífero y eléctrico, pero anotando algunas críticas al proceso encarado por la administración de Mauricio Macri.

El documento, firmando por Emilio Apud; Julio César Araoz; Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat; Raúl Olocco, recuerda la declaración de compromiso que impulsaron y que fue firmada en 2014 por todos los candidatos que en ese momento competían en la carrera presidencial para 2015 (Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Hermes Binner, Ernesto Sanz y Julio Cobos) y varios partidos políticos a través de sus líderes parlamentarios. Allí, los aspirantes a la Casa Rosada aceptaron encarar mecanismos consensuados para abordar desde una política de Estado las deficiencias del sector. Entre los catorce puntos de los que constaba aquella declaración, la política de precios y tarifas se contempló como una de las necesidades más urgentes. "Los precios y tarifas energéticas deberán retribuir los costos totales de los bienes y servicios que produce, asociados a estándares de calidad y confiabilidad preestablecidos. Se reducirán los subsidios presupuestarios a la energía no justificados socialmente, con la meta de tener precios mayoristas únicos en los mercados de gas y de electricidad y con el objetivo de finalizar el período definido con un set de precios y tarifas que reflejen costos económicos. Para los usuarios vulnerables según indicadores socioeconómicos se establecerá una política de subsidios focalizados (tarifa social) que incluirá a los consumidores de gas licuado de petróleo (gas en garrafas)", rezaba el acta de acuerdo.

Los ex secretarios sostuvieron en el reciente documento que "los ajustes tarifarios en el primer semestre nos indica que las decisiones adoptadas tuvieron como referencia lo firmado en la declaración de compromiso" pero subrayaron que fue "de manera parcial, y sin explorar mecanismos de consenso que hubieran evitado la especulación política cortoplacista". La crítica apunta, precisamente, a la principal razón de la judicialización de los casos y la objeción de las que se valieron tanto la Cámara Federal de La Plata como la de San Martín que avalaron las cautelares para frenar aumentos: la falta de audiencias públicas. Aunque no vinculantes, las convocatorias hubieran respaldado el proceso formal y legal de los incrementos. Tanto en los precios como en las tarifas (conceptos que el documento distingue), los ex funcionarios realzan la necesidad de las audiencias. "Para conocer esos costos y fijar las tarifas reguladas se debe convocar a los respectivos procesos de Revisión Tarifaria previstos en los marcos regulatorios de gas y electricidad. Para esas revisiones son necesarias las audiencias públicas. Si fuera necesario y conveniente disponer aumentos a cuenta, los mismos también deberían cumplir dicho requisito", plantearon. Ala vez que destacaron la exigencia de una "normalización sin demora" de los entes reguladores que están intervenidos. La semana pasada, el ministerio que conduce Juan José Aranguren justamente emitió una resolución por la cual llamó a concurso para designar miembros del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Ahora está en las manos de la Corte Suprema resolver la cuestión de fondo. El máximo tribunal se reunirá mañana para empezar a analizar los informes presentados por el Gobierno. También deberá decidir si da lugar a los dos recursos de queja interpuestos el viernes por los abogados del Ejecutivo, en donde solicitaron que le den vigencia a los cuadros tarifarios dictados en febrero (para luz) y a mediados de julio (con el tope del 400% a las facturas de 2015). Entretanto, en Energía analizan convocar a una audiencia anticipada.