Jueves  10 de Septiembre de 2020

¿Es constitucional el decreto que le quita un punto de coparticipación a CABA?

La decisión del Presidente fue tan abrupta que generó confusión en torno al instrumento del que se valió para formalizar la medida. Apenas conocida la letra chica, comenzaron los planteos en torno a su legalidad. ¿Qué dicen los que saben?

¿Es constitucional el decreto que le quita un punto de coparticipación a CABA?

El presidente Alberto Fernández le puso fin al reclamo por los magros salarios de la Policía bonaerense. De paso, puso sobre el tapete -una vez más- el enfrentamiento entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. La decisión del jefe de Estado fue tan abrupta que se generaron confusiones en torno al instrumento del que se valió para poner en marcha la medida. Además, apenas conocida la letra chica, comenzaron los planteos en torno a su constitucionalidad o no. ¿Qué dicen los que saben?

El anuncio lo hizo ayer Alberto Fernández rodeado de intendentes y funcionarios de su gabinete: le bajará en un punto la coparticipación a CABA para otorgársela a la provincia que gobierna Axel Kicillof. Con ese monto, que se estiman en $ 35.000 millones, se crea el Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal. Con él, se garantizará que ningún policía cobre por debajo de los $ 44.000.

Ahora bien, ¿tiene que pasar por el Congreso el decreto 735? No. Pese a que durante la jornada hubo quienes hablaron de "DNU", lo oficializado hoy en el Boletín Oficial no es más que un decreto simple. A diferencia de los de necesidad y urgencia, no necesitan ser refrendados por la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo, primero, ni contar con el aval de al menos una de las dos cámaras después.

Además, más allá de que no es un DNU, de acuerdo a lo que argumenta el abogado constitucionalista Diego Armesto, el decreto se dicta en ejercicio de una facultad delegada al Presidente por el artículo 8° de la Ley de Coparticipación Federal Y, aclara que tampoco tiene naturaleza tributaria. “Un tributo es para recaudar; la coparticipación es cómo se distribuye lo recaudado”, resumió.

Pero, ¿es constitucional que el Ejecutivo disponga de los fondos coparticipables que recibía un distrito y, de manera unilateral, decida qué hacer con ellos? “Constitucional es, sí”, le dijo un diputado en off the record a este medio al referirse a la medida.

Su argumento es que la Ley de Coparticipación es anterior a la reforma constitucional del 94 y a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Esa ley, explica, le otorga a la Nación la facultad de determinar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, la cual se estableció por decreto, se aumentó por decreto y ahora se disminuye por decreto.

Armesto coincidió: el decreto es constitucional. Pero inmediatamente subrayó que “claramente contradice el espíritu del constituyente de 1994”.

Es que, de acuerdo a la postura del abogado, el Poder Ejecutivo no puede, de forma unilateral, quitar o sacar parte de la coparticipación. Y aseguró que esto va en línea con lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Entre Ríos con Estado Nacional. En aquel, el Máximo Tribunal estableció que “la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias”.

Este fallo fue a propósito del decreto 561/19 dictado por el entonces presidente Mauricio Macri en el que le encomendó a la AFIP una reducción en la base de cálculo de las retenciones para el cálculo del impuesto a las ganancias a determinados sujetos y una reducción de un 50% de los anticipos que deban ingresar los trabajadores autónomos en concepto de impuesto a las ganancias entre octubre y diciembre de 2019. En ese mismo texto, la Corte también planteó la inconstitucionalidad del decreto 567/19 en el que se dispuso una alícuota del 0% en el IVA para la venta de ciertos productos de la canasta alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2019.

En tanto, el también abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró inconstitucional el decreto. En diálogo con este medio, argumentó que se rebajó la partida “más allá de lo razonable respecto del servicio de policía transferido”.

Según argumentó Gil Domínguez en su cuenta de Twitter “desde el punto de vista formal y habida cuenta de los antecedentes verificados, el Presidente Fernández está habilitado para dictar el Decreto 735/2020 y disminuir el coeficiente destinado a la CABA”.

Dicho esto, Gil Domínguez agrega: “La discusión constitucional sustancial se vincula a la proporcionalidad existente entre el coeficiente fijado por el Decreto 735/2020 y los recursos necesarios que demanda la seguridad pública en las materias no federales en el ámbito de la CABA”.

Para Gil Domínguez, este es el aspecto que podrá ser judicializado ante la Corte Suprema de Justicia por la CABA, donde entrarán en juego dos párrafos del art. 75 inc. 2 de la Constitución. Ellos son: “el tercero que establece los criterios de distribución y el quinto, que impone la transferencia de servicios con remisión proporcional de recursos”.

En este contexto, el diputado de la UCR Alejandro Cacace le planteó a este medio que “urge sancionar la Ley Convenio de Coparticipación que manda la Constitución”. Es que, de acuerdo a lo que subraya el diputado de San Luis, la ley hoy vigente, que data de 1988, es anterior a la reforma constitucional y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Es decir, no la reconoce como parte de la distribución primaria de recursos, y permite que su participación esté sujeta a las modificaciones por decreto.

En tanto, su par Gustavo Menna, otro de los que viene siguiendo de cerca el asunto, la medida del Presidente es inconstitucional y alude al mismo fallo de la Corte que Armesto y aseguró que el decreto de Fernández es mucho “más grave”.

Es que, de acuerdo a la postura del diputado, decreto 735 modifica la distribución de la coparticipación. Lo cual debe ser el resultado de un acuerdo entre las provincias y la nación, aprobada por ley Nacional y de cada legislatura. Además, Menna plantea que si el punto adicional de CABA fuese incorrecto, esos recursos son de todas las provincias, para luego preguntarse ¿por qué se le dan solo a Provincia?

En este sentido, el diputado chubutense aprovechó el decreto dictado por el Presidente para recordar, una vez más, la situación de su provincia. Por su cuenta de Twitter ayer publicó: “Imagino que el gobierno de #Chubut, que adeuda sueldos de junio, julio, agosto y el aguinaldo a sus empleados, se animará a reclamar al gobierno nacional una ayuda para pagar una deuda salarial de $13300 millones. Con lo que se hizo hoy con #PBA no hay excusas”.

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