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Entidades de bien público piden aplicar ley K para protegerse de subas de tarifas

Se trata de una norma sancionada antes del cambio de gobierno. Crea tarifa especial para universidades, colegios, mutuales, asociaciones civiles, entre otras

Entidades de bien público piden aplicar ley K para protegerse de subas de tarifas

Antes de dejar el poder, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner además de nombrar en el Boletín Oficial a miles de empleados en el Estado, promulgó una ley que ahora podría ayudar a grandes consumidores a enfrentar la reciente ola de elevados aumentos de tarifas de diversos servicios públicos. Se trata de la Ley 27.218 denominada "Régimen tarifario específico para entidades de bien público". Como reza su nombre, la disposición apunta generar una tarifa especial para aquellas personas jurídicas que no persiguen fines de lucro y tienen por principal objeto el bien común.

La norma fue sancionada por ambas Cámaras del Congreso el 25 de noviembre de 2015 y quedó promulgada de hecho el último 22 de diciembre, ya bajo el nuevo gobierno de Mauricio Macri. En concreto, obliga a las prestadoras de servicios públicos de agua potable y desagües cloacales, electricidad, gas natural y telefonía, a crear una nueva categoría para este tipo de usuarios dentro de los cuadros tarifarios.

Sin embargo, la ley aún no está reglamentada. Muchas de estas entidades desconocen en rigor la existencia del beneficio y ya han sufrido aumentos de más de 700% en electricidad, por ejemplo, debido a que su nivel de consumo es alto y están catalogadas como grandes consumidores. Y aunque todavía no han sido anunciadas oficialmente, el mes que viene el resto de las prestaciones también registrarán subas importantes en sus precios.

Estas entidades no están agrupadas en una sola organización o cámara porque dependen de cada actividad: universidades, colegios, ayuda social, comedores, entre otros, pero El Cronista supo de la intención de algunas de ellas de pedir una reunión con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, para acelerar la reglamentación que ponga en vigencia el nuevo régimen que las ayude a paliar los mayores costos. De todas formas, esa facultad está en manos del Poder Ejecutivo.

Y es que la ley detalla aspectos para cada servicio pero de forma amplia (de allí la necesidad de una reglamentación). En las características generales, no obstante, puntualiza: "Se establece como tope máximo en la facturación de los sujetos del presente régimen, la tarifa máxima prevista para los usuarios residenciales para cada servicio. La base de facturación será equivalente o menor a la tarifa mínima que abonan los usuarios residenciales, según los cargos propios de cada servicio".

Aumentos

Tras el congelamiento tarifario de más de una década en varios de estos servicios, la administración de Cambiemos –con el ministerio de Aranguren a la cabeza– decidió realizar una ola de ajustes para reducir millonarios subsidios, equilibrar cuentas y mejorar la calidad de las prestaciones, en muchos casos altamente deficitaria. Claro que incrementos de 700% de una sola vez representan un gran golpe a los bolsillos, sobre todo de los grandes usuarios, que se tornan muy difíciles de afrontar.

En febrero, Aranguren anunció la suba de tarifas eléctricas, con aumentos de entre 500% y 700%, dependiendo la categoría de consumidor. Para abril se esperan ajustes también en las facturas de gas (todavía se desconoce la magnitud del porcentaje pero trascendió una suba promedio de 300%). En el caso del agua, la estatal AySA consiguió que desde el mes que viene sus valores se incrementen desde un 300% hasta aproximadamente 500%. Por ejemplo, una factura que hoy cuesta unos $ 90 pasará a poco menos de $ 500.

Para la telefonía (otro de los servicios contemplados en esta ley), el Gobierno y los operadores telefónicos más importantes acordaron un aumento de casi 200% en el precio del abono de la telefonía fija y el lanzamiento de tarifa plana para llamadas locales y de larga distancia nacional. Tal como informó Clarín, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) recibió esta semana el aviso formal de Telefónica y Telecom para aumentar el abono de la telefonía fija de $ 13,28 más IVA, a $ 38 mensuales.