En un lapidario informe, Juntos por el Cambio acusa al Gobierno de "debilitar" al Poder Judicial

Los think tanks de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica suscribieron un documento que fustiga un conjunto de medidas que habrían llevado a "un debilitamiento de las instituciones y la división de poderes".

En un documento con fuertes críticas, Juntos por el Cambio denunció los "atropellos" que el Gobierno nacional desplegó en su primer año de gestión para socavar la independencia del Poder Judicial, y rechazó las reformas impulsadas por figuras del gabinete, el mismo presidente Alberto Fernández, y también por sectores del kirchnerismo.

Las fundaciones Alem (perteneciente a la Unión Cívica Radical), Pensar (del PRO) y Hannah Arendt (de la Coalición Cívica ARI), suscribieron un informe titulado “Un año de atropello a la Justicia , con referencias mes a mes sobre las principales acciones desplegadas por funcionarios del Ejecutivo, y también desde el Congreso de la Nación.

Los think tanks de la coalición parlamentaria de oposición aseguraron que “el Gobierno decidió otorgar absoluta prioridad en su agenda a reformas de la Justicia en medio de una emergencia económica, sanitaria y social sin precedentes , y aseguró que el conjunto de medidas adoptadas en el ámbito judicial llevó a un "debilitamiento de las instituciones y la división de poderes, establecida en la forma de gobierno republicana de la Argentina .

Entre las principales críticas veladas hacia la gestión de la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el titular de la Oficina Anticorrupción, Felix Crous, o la misma vicepresidenta Cristina Kirchner, los centros de estudios cambiemitas señalan la eliminación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados; la intervención federal de la Justicia de Jujuy, la solicitud de prisión domiciliaria para Lázaro Báez y su hijo Martín, a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos.

A su vez, los think tanks criticaron la modificación en abril de la ley de Jubilación de Magistrados, lo que provocó la renuncia de decenas de jueces; las críticas a magistrados y fiscales señalados por haber participado de maniobras de persecución política (lawfare) contra funcionarios kirchneristas, y el giro de la Oficina Anticorrupción, renunciando a las querellas que tenía en diversas causas de corrupción.

Juntos por el Cambio, a través de estos entes, fustigó el proyecto de reforma judicial del fuero penal federal de la Capital y de las provincias, por entender que "obstaculiza la implementación del sistema acusatorio (de funcionamiento exitoso en Salta y Jujuy), carece de toda base empírica, tiene un costo altísimo e irrazonable, y resulta inconstitucional al contrariar la doctrina de la Corte Suprema respecto de los jueces subrogantes".

Asimismo, atacaron la creación de un Consejo Consultivo para realizar propuestas de cambios a la Justicia, la avanzada contra los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; el inicio del juicio político contra el procurador general interino, Eduardo Casal; la media sanción el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que implicaría "un claro avance sobre la autonomía del Ministerio Público a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control", que al entender de los autores, "debilitará al Ministerio Publico Fiscal en general y a los fiscales en particular".

El documento sostiene que las propuestas de reforma no son las que necesitan los ciudadanos que acuden a los tribunales", y agregan que "se puede ver con claridad que estos proyectos no buscan ampliar el acceso a la justicia, mejorar el funcionamiento de los tribunales para reducir los plazos, ni transparentar la administración de justicia . 

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