En la pre-campaña, la UIF pide juicio oral para CFK y sus hijos por Hotesur

La Oficina Anticorrupción apoyaría el reclamo de la UIF. El Gobierno busca que el eje "corrupción" sea clave para polarizar con el kirchnerismo

El Gobierno pone el foco en la justicia, justo cuando planea llevar la corrupción al centro de la campaña. En esa línea, la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un escrito al juez Julián Ercolini para que eleve la causa Hotesur a juicio oral y apunta a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como coautora de lavado de activos, además de sostener que conformó una asociación ilícita con ese fin.

La UIF, que dirige Mariano Federici, planteó en 215 páginas que la ex jefa de Estado, junto con sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, así como ex funcionarios y empresarios como Lázaro Báez (19 imputados, en total), idearon un negocio ilícito a través de la compra de hoteles. Según el escrito, Cristina Fernández era jefa de una asociación ilícita y "dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito" que se habría legitimado con la actividad desarrollada por los hoteles Alto Clafate y Las Dunas. Para Federici, el dinero ilícito "era canalizado por las empresas del Grupo Báez producto de la defraudación del Estado" a través de la obra pública.

La UIF apunta también a otra actividad. "Además de las operaciones inmobiliarias reseñadas, Cristina Ferández a través de su hijo prestó su consentimiento para la venta de tierras fiscales a más de cuarenta veces su valor original, lo que implicó que tierras entregadas por la Municipalidad de El Calafate que habían sido pagadas tan solo $135.002,80, dos meses después de adquiridas fueran vendidas el 12 de enero de 2008 por 2.000.000 de dólares estadounidenses", argumenta el organismo que depende del Ministerio de Hacienda.

Según la denuncia, el segundo paso fue la adquisición de los hoteles Las Dunas y las acciones de la firma Hotesur, que luego serían administradas por Valle Mitre, compañía del Grupo Báez. A través de esta última empresa, el escrito sostiene que la ex presidenta y sus hijos recibieron "entre los años 2008 y 2013 al menos de un total de $6.909.708 en forma directa por el alquiler de la Hostería las Dunas y de manera indirecta $28.597.624 por la cesión y explotación del Hotel Alto Calafate, el que fue recibido por la firma Hotesur".

Ahora, falta que la Oficina Anticorrupción, que dirige la ex legisladora PRO, Laura Alonso, opine al respecto. Luego de esto, el juez Ercolini decidirá si eleva la causa a juicio oral. En el Gobierno dicen que "sí hay chances" de que eso ocurra.

Semejante paso, en un año electoral, marcaría la agenda de la campaña. Y, en el oficialismo, esperan que la "corrupción" sea un eje central de la pelea por los votos, por lo que buscarán asociar al kirchnerismo con las causas judiciales. "Es ellos o nosotros... El eje de la discusión va a ser volver al kirchenrismo o no. Y nosotros planeteamos la honestidad, a pesar de que los resultados económicos no fueron los que esperábamos", comentan en Casa Rosada.

Es indignante el caso de la Jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. Las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance.

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 31 de enero de 2019

El presidente Mauricio Macri está endureciendo su postura ante la justicia y busca centrar la campaña en la corrupción y la seguridad. De ahí que presionó a la jueza Patricia Susana Guichandut de Cridett, a través de Twitter y sin consideración de la independencia de poderes, porque había liberado a un "motochorro". Pero ahora la agrupación que apoyaba al kirchnerismo, Justicia Légitima, salió a respaldar la magistrada. En efecto, el Gobierno termina polarizando con el kirchnerismo en estos temas.

Temas relacionados
Más noticias de Cristina Kirchner

Las más leídas de Economía y Política

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés