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En el informe a la Corte, el Gobierno justificó falta de audiencia para subir gas

Sostuvo que se trata de un esquema "transitorio" hasta que llegue la convocatoria en octubre cuando se realice la revisión integral tarifaria. La Corte se reúne mañana

El informe que pidió Lorenzetti habla de inflación, costos y precios en los últimos años y también de tarifa social

El informe que pidió Lorenzetti habla de inflación, costos y precios en los últimos años y también de tarifa social

El Gobierno presentó ayer un extenso informe a la Corte Suprema de Justicia donde detalló los motivos que lo llevaron a implementar desde el mes de abril un nuevo cuadro tarifario que incrementó el servicio de gas natural en todo el país con subas que en algunos casos superaron el 1000%, tal como anticipó El Cronista en su edición de ayer.

El documento, de unas 80 páginas, fue elevado al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, con los argumentos técnicos y económicos de la medida que el máximo tribunal había requerido el pasado 12 de julio y que comenzará a analizar a partir de mañana.

En el informe, el Ministerio de Energía que dirige Juan José Aranguren justificó la falta de audiencias públicas (no vinculantes) para definir los nuevos precios del gas, una de las principales objeciones de la que se valió la sala II de la Cámara Federal de La Plata para avalar las cautelares que a principios de julio frenaron los aumentos. El Gobierno apeló esa decisión mediante un recurso extraordinario que, con plazos vencidos, el tribunal de alzada bonaerense resolverá mañana. Según pudo saber este diario, en el documento oficial las autoridades replican que no se realizó una convocatoria debido a que el esquema que se fijó hasta el momento es de carácter "transitorio" hasta que se realice la revisión tarifaria integral, audiencia pública mediante, en el mes de octubre.

A su vez, expusieron otros puntos "fundamentales para que los jueces entiendan la resolución": según revelaron fuentes con acceso al documento, se explicó la situación del sector y se enviaron varios cuadros comparativos que incluyeron números de la abrupta caída de producción; importación de energía; la estimación de la inflación entre 2001 y 2015 con los costos de la energía en sus instancias de generación, transporte y distribución versus la evolución de precios de tarifas durante el mismo período que dan cuenta "del fuerte atraso por el congelamiento durante más de una década".

Tal como se lo había solicitado la Justicia, también se precisó toda la información en torno a la tarifa social (a cuántos beneficiarios alcanza, los criterios de selección, entre otros) al tiempo que se consignó un apartado para subsidios y la dificultad fiscal de hoy para sostenerlos, sumado a un raconto del marco legal desde 2001 a la fecha (desde la ley de emergencia, pasando por decretos e intentos de audiencias públicas con revisiones transitorias que nunca se realizaron, hasta llegar a los topes que aplicó el macrismo el mes pasado). Por último, se adjuntaron tres cuadros describiendo las tarifas promedio en todo el país dividido por zonas con números de 2001, 2008 y cómo quedarían en la actualidad con los últimos máximos fijados del 400%.

La Corte todavía no definió el mecanismo por el que tomará en sus manos el caso. La Cámara de La Plata mañana se pronunciará sobre el tema: puede aceptar la apelación del Gobierno (suspendiendo o no los amparos que trabaron los aumentos) o denegarla. En cualquier caso, el tema llegará al máximo tribunal que preside Ricardo Lorenzetti, que también se reunirá mañana para empezar a analizar los datos presentados por el Ejecutivo.

Mientras tanto, en el Gobierno se esperanzan con poder aplicar cuanto antes los últimos au mentos que decidió. Son los del tope de 400% en relación a los importes que pagaron los usuarios en el mismo período del año pasado.