Jueves  21 de Mayo de 2020

En default, la Argentina amplía el plazo para acordar con los bonistas

El Gobierno oficializó que no cumplirá con el pago de u$s 503 millones que estaba previsto para hoy, y acordó con los acreedores continuar las negociaciones, al menos, hasta el 2 de junio próximo.

El Gobierno y los acreedores acordaron extender una vez más el plazo, que en esta etapa finalizaba hoy, para continuar con las negociaciones y el nuevo tope que se pactó es el 2 de junio próximo. Sin embargo, desde el Gobierno dejaron en claro que esa fecha forma parte del nuevo plazo previsto, ya que las negociaciones podrían terminar antes e incluso después.

A través de la resolución 243/2020, el Gobierno oficializó que la nueva ventana de negociaciones, entonces, correrá entre "el 22 de mayo de 2020, hasta las 17 (hora de Nueva York), y el 2 de junio de 2020 , salvo que se extienda por un período adicional o que se finalice en forma anticipada".

Además, la norma establece que la publicación de resultados se hará el 3 de junio, mientras que la liquidación está prevista para el 8 de junio.

Es decir: la Argentina entrará en default -tal como se define a la cesación de pagos- aunque está claro que será por algunos días, y con total acuerdo y conocimiento por parte de los acreedores.

Por esto, en el Gobierno se encargan de hablar de "default técnico", una forma de distanciarse del "default tradicional".

En base a esto, se estableció que la fecha prevista para el anuncio de resultados "será el 3 de junio de 2020 o lo antes posible de allí en adelante" en tanto que la fecha de ejecución, la fecha de entrada en vigencia y la fecha de liquidación será el 8 de junio de 2020 o lo antes posible de allí en adelante". Mientras tanto, el Gobierno continuará recibiendo asesoramiento externo para avanzar, tal como ocurre hoy.

El ministro Guzmán en una reunión con Alberto Fernández

En principio, la idea oficial es tener todo listo para antes de junio -tal como publicó El Cronista el lunes pasado-, aunque se pautó el segundo día de ese mes a modo de plazo.

Además, en uno de sus párrafos se deja ver que el acuerdo se sellará -en caso de que corresponda- bajo términos diferentes a los acordados. Esto no tendrá que ver explícitamente con que el Gobierno vaya a realizar una nueva propuesta a los bonistas, sino con que se impondrá lo que surja de las conversaciones.

No se descarta que en algún momento Economía eleve alguna suerte de nueva oferta -sin que explícitamente tenga esa figura- pero en líneas generales siempre tendrá estrecha relación con lo que se vaya promoviendo en los diferentes encuentros.

Ahora, se abre un nuevo capítulo dentro de esta historia, en la que todo lo que se hizo hasta ahora estuvo acordado entre Gobierno y bonistas. Desde ambos costados resaltan la importancia de llegar a un buen acuerdo, y es por esto que pese a la extensión de los tiempos las tratativas siguen en marcha.

De hecho, la determinación de abrir la ventana de negociaciones no es algo que haya encarado por su cuenta el Gobierno, sino que previamente hubo un acuerdo para hacerlo.

Según confiaron fuentes a El Cronista, quedan diferencia por solucionar, aunque "buena parte del recorrido que había que hacer ya está hecho".

La prórroga fue publicada hoy en el Boletín Oficial, mientras hay tiempo hasta el martes para que tenga su correlato en la Security Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, país en el que tienen legislación los títulos a canjear.

Los plazos que se habían estipulado indicaban que hoy la Argentina debía pagar vencimientos de intereses por u$s 503 millones que suman los bonos Global AA21, AA26 y AA46, que tenían un vencimiento inicial el 22 de abril.

Desde hace ya varios días, el Gobierno puso el foco en la necesidad de quitarle dramatismo al hecho de caer en default. De hecho, ayer el presidente Alberto Fernández apuntó contra quienes utilizan esa palabra.

Por el contrario, afirman que este período de negociación, incluso ya con la fecha de vencimiento superada, no generará efectos contrarios para la Argentina, en buena parte justamente porque se trata de algo consensuado con los acreedores, algo que en definitiva fue posible luego de las gestiones del ministro de Economía Martín Guzmán con los bonistas.

Guzmán se encargó en varias oportunidades de dejar en claro que la Argentina estaba dispuesta a negociar, aunque bajo ningún punto de vista poner en riesgo las posibilidades reales de pago que tiene el país.

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