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Empresarios insisten con el rechazo a la ley y avalan decisión de vetarla

Emitieron comunicados con duras críticas a la iniciativa y piden su anulación, ya anticipada por el Gobierno. Afirman que es una atribución constitucional

Sancionada la ley "antidespidos", con sólo tres votos en contra en la Cámara de Diputados –uno fue del dirigente industrial, José Ignacio de Mendiguren–, los empresarios volvieron a la carga, ahora en reclamo del veto de la iniciativa. El Gobierno había anticipado que recurriría a esta atribución que le permite la Constitución Nacional, de modo total o parcial, pero desde el establishment se apuraron en reafirmar su firme rechazo a la norma que contempla la doble indemnización por seis meses y el apoyo a la decisión oficial de impedir su vigencia.


Si bien los empresarios se opusieron desde el primer momento a la ley por considerar que es perjudicial para la creación de nuevos empleos, el Gobierno buscó en todo momento sentirse legitimado en esta estrategia contraria al proyecto, que finalizaría en un veto si se convertía en ley. De hecho, la convocatoria del presidente Mauricio Macri a más de 200 empresarios días atrás para que firmen un compromiso de que no despedirían personal por 90 días tuvo el mismo objetivo: mostrarle a la sociedad de que no era necesaria una ley que desalentaba los despidos porque los principales hombres de negocios del país estaban garantizando que mantendrían a sus trabajadores.


Aún así, la ley salió y demostró la poca representatividad empresaria que existe en el Congreso. "La verdad es que dí una pelea en una situación de franco desequilibrio. Nuestra representación tiene que estar fortalecida en el Congreso", afirmó De Mendiguren, quien votó en contra de la ley y reconoce que el Presidente "tiene todas las facultades para vetarlo". Sin embargo, señaló que le pareció "poco feliz que el Gobierno haya anticipado el veto cuando el proyecto estaba en pleno debate en el Congreso".


Varios empresarios y cámaras salieron a cuestionar la ley. Mediante un comunicado, la UIA reiteró su posición respecto de iniciativas que "no apuntan a la estabilidad y generación de puestos de trabajo sino que, por el contrario, obstaculizan ese proceso" y que "dificultan la elaboración de soluciones que generen empleo, protegiendo a los trabajadores y a las empresas industriales". Sin hablar explícitamente de veto, la entidad que dirige Adrián Kaufmann, enfatizó que la "Constitución Argentina prevé mecanismos que permiten evitar las consecuencias que este tipo de iniciativas puedan tener para el empleo, la actividad económica y la producción nacional".


La Cámara de la Construcción (Camarco) no emitió comunicado, pero su presidente, Juan Chediack, afirmó que "técnicamente la norma no sirve, es perjudicial para la buena administración del país y el crecimiento" y que "el veto es una atribución constitucional del Presidente".


A su vez, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) afirmó que "prohibiendo los despidos por 180 días pagando una doble indemnización no se soluciona la situación de los desocupados y las pymes del país, alimentando así el trabajo informal en el que se encuentran insertos". "Es necesario prevenir el desempleo con medidas que no vayan en contra de las inversiones que el país necesita en este momento", sostuvo la entidad en un comunicado en el que también plantea claramente su apoyo al veto de la ley.


Por otra parte, los empresarios pymes se mostraron desilusionados con la falta de inclusión del paquete de beneficios que los tenía como protagonistas, que impulsaba el Frente Renovador.