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El proyecto de ley para restarle poder a Gils Carbó ahora pende de un hilo

La reforma del Ministerio Público impulsada por el PRO cosechó críticas hasta de Carrió. También fue duramente cuestionada por la Asociación de Magistrados y asociaciones de familiares de la AMIA.

El proyecto de ley para restarle poder a Gils Carbó ahora pende de un hilo

La reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal se topó con nuevos cuestionamientos. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), dos agrupaciones que nuclean a los familiares de víctimas del atentado a la AMIA y la diputada de Cambiemos Elisa Carrió cuestionaron el proyecto del Ejecutivo y plantearon su “preocupación” en caso de que se avance con la misma esta semana en el Congreso.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) manifestó hoy su preocupación por el proyecto de ley, por entender que atenta contra la independencia de esa institución, establecida en la Constitucional Nacional.

A través de un comunicado, exhortó a los legisladores a “que obren con la mayor prudencia a la hora de decidir la participación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación en las decisiones de gobierno del organismo”.

La asociación advirtió que el proyecto de reforma, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, “pueda atentar contra la independencia que garantiza a esa institución el artículo 120 de la Constitución Nacional”.    

“Los fundamentos de la iniciativa legislativa parecen reposar básicamente en cuestiones que tienen que ver con la persona de la Sra. Procuradora General de la Nación (Alejandra Gils Carbó), que deberían ser planteadas, analizadas, juzgadas y resueltas en el ámbito del pertinente proceso disciplinario”, sostuvo la entidad que encabeza el juez Ricardo Recondo.

El miércoles próximo el Congreso tratará la reforma que busca poner límites a la procuradora Gils Carbó. Se trata de una iniciativa que busca reducir a cinco años el mandato del jefe de los fiscales (hasta ahora el cargo es vitalicio). Se descuenta que si este proyecto es convertido en ley, Gils Carbó recurrirá a la Justicia para mantenerse en su puesto.

Además, crea una comisión para evaluar nombramientos y traslados, elimina las subprocuradurías y propone que entre los fundamentos para proponer la remoción de un procurador figure la “participación en actividad partidaria”.

Quien también salió al cruce del proyecto fue la diputada Elisa Carrió. Según confirmaron a DyN voceros de la chaqueña, la legisladora aseguró que el “camino” para desplazar a Gils Carbó es a través de un “juicio político” y cuestionó también que el mandato del Procurador sea de cinco años porque de esa manera permite que cada Presidente pueda realizar un nuevo nombramiento.

Carrió asegura que “como mínimo” el mandato debe ser de “diez años” y además plantea que “hay intromisión” del Poder Legislativo en la Justicia al darle muchas funciones a la bicameral de Seguimiento. El rechazo fue transmitido por Carrió al propio presidente Mauricio Macri previo a presentar las observaciones al dictamen y hacer pública su crítica, afirmaron las fuentes.

En tanto, dos agrupaciones que nuclean a los familiares de víctimas del atentado a la AMIA se sumaron a las críticas al asegurar que busca desplazar a los fiscales a cargo de la investigación.

“La ley para echar a Gils Carbó es un acuerdo para echar a los fiscales de la Unidad AMIA”, advirtieron en una declaración conjunta la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia -Apemia- y la Asociación 18J de Familiares, Sobrevivientes y Amigos de las víctimas de AMIA.

Según ambos nucleamientos, críticos de la instrucción de la causa AMIA y de las organizaciones Daia y Amia, la reformas acordadas entre el oficialismo y sectores opositores a la ley que rige el funcionamiento de las fiscalías busca que “termine con su independencia formal, reconocida en la Constitución Nacional”.