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El procesamiento por Ciccone complicó a Boudou en la causa de enriquecimiento

Imputado desde 2012, el fiscal Di Lello pediría que el juez Lijo cite al Vice. Su reciente revés en el caso vinculado a la compra de la imprenta lo expuso en el resto de los expedientes

La confirmación del procesamiento de Amado Boudou en el caso Ciccone no sólo dejó al Vicepresidente a las puertas de un juicio oral, sino que desató una nueva ola de reveses judiciales que involucran al kirchnerismo, más allá de la incertidumbre que todavía existe en torno a la muerte del fiscal Alberto Nisman. Pero para Boudou en particular, la decisión de la Cámara Federal representa apenas una parte de su nutrido legajo en Comodoro Py, que, entre otras cuestiones, también incluye un procesamiento por la falsificación de la documentación de un auto y una imputación por enriquecimiento ilícito.
Justamente ese expediente podría ser la próxima bomba judicial que sacuda a Boudou y al Gobierno. Y ello tiene que ver con la ratificación del fallo que había firmado el juez Ariel Lijo por Ciccone. Tanto en primera instancia como en Cámara, los jueces coincidieron que Boudou había incurrido en los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de su vinculación a la firma The Old Fund, que mediante la intervención del entonces ministro de Economía accedió a la compra del 70% de la imprenta ex Ciccone Calcográfica.
Conexa a Ciccone, la causa por enriquecimiento ilícito siempre fue resaltada en el sector como la de mayor envergadura en la justicia federal de todas las que encara Boudou. En diciembre del año pasado, Lijo ordenó el allanamiento del Ministerio de Economía y un grupo de gendarmes obtuvieron los expedientes originales del Ministerio donde constaban los gastos en viajes realizados por Boudou entre 2009 y 2011, cuando estuvo al frente de la cartera. Boudou había sido imputado por el fiscal Jorge Di Lello tras reconocer que había incorporado a su patrimonio una suma cobrada como viáticos. Además, el juez había pedido información vinculada a Boudou a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y al Senado.
Entre los investigados por Lijo en esa causa también figuran su secretario privado Héctor "Cachi" Romano y Andrés Iturrieta, funcionarios que firmaron varias de las rendiciones de cuentas analizadas por Lijo. En el mismo expediente se encuentran imputados la ex novia de Boudou, Agustina Kämpfer y el socio del Vice, José María Núñez Carmona, otro de los procesados en el caso Ciccone. En relación a Boudou, su crecimiento patrimonial en los años que se desempeñó como funcionario creció exponencialmente, más allá de que su patrimonio en 2013 aumentó de manera gradual: poco más de $ 143.000, para llevarlo a $ 1,8 millón.
Contra Boudou también hay otras causas en la Justicia federal, como la que investiga su participación en el canje de 2010, cuando era ministro de Economía. Según la denuncia de Claudio Lozano, Boudou aprovechó la información privilegiada que habría permitido la compra de bonos a muy bajo precio. También el juez Sebastián Casanello lo investiga por supuesto tráfico de influencias en la causa de Formosa que involucra a The Old Fund y a Alejandro Vandenbroele (otro procesado por Boudou), quienes facturaron $ 7,6 millones para "asesorar" a la provincia. Finalmente, a Boudou lo acusan de haber usado fondos de la ANSeS para comprar acciones con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que habrían ocasionado al sistema jubilatorio una pérdida de $ 4.200 millones.

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