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El oficialismo va por la reforma de la Procuración, aunque deberá hacer varios cambios

El proyecto fue debatido entre el Gobierno y el massismo durante meses. Aun así, el oficialismo reconoce ahora que varios de sus artículos son impracticables y deberá modificarlos

El oficialismo va por la reforma de la Procuración, aunque deberá hacer varios cambios

La Cámara de Diputados tratará este miércoles en el recinto el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que sufrirá modificaciones respecto del dictamen de mayoría aprobado el martes pasado en un plenario de comisiones. El cambio más sustancial será la eliminación del requisito de cinco años de antigüedad en el cargo para los fiscales que busquen la titularidad de una procuraduría o unidad especializada.

A pesar de que el proyecto está en discusión desde hace meses, recién después de las múltiples advertencias expresadas la semana última por jueces y fiscales, el oficialismo se percató de que ese requisito era inaplicable. El macrismo sacó cuentas y verificó que de aprobarse esa exigencia de antigüedad, casi la totalidad de los magistrados a cargo de las procuradurías o unidades fiscales especializadas deberán cesar en sus funciones, lo que afectaría seriamente el funcionamiento de las mismas.

En este marco, y a la luz de las críticas formuladas por parte del Poder Judicial y de la oposición, la Casa Rosada revió su postura inicial e introdujo la modificación a ese artículo, cuya redacción terminará de pulirse en la sesión del miércoles.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo fue otra de las voces que se alzaron contra este artículo, al advertir que su aprobación obligaría a la renuncia del fiscal Pablo Parenti, a cargo de la unidad especializada en el robo de bebés durante la última dictadura.

Además, el jefe de bloque del PRO, Nicolás Massot, aseguró en declaraciones periodísticas que van a reponer en el proyecto la Unidad Fiscal especializada en Femicidios (UFEM), que había sido eliminada en el dictamen de mayoría, provocando un amplio repudio multisectorial.

En tanto, el Gobierno encomendó a los diputados de su bloque que corrijan parcialmente el artículo que establece que los fiscales que fueron trasladados de sus jurisdicciones deberán volver a sus cargos originales en 48 horas: dicha disposición aplicará solamente para los últimos cinco años, dejando vacantes doce fiscalías.

La Casa Rosada analizó que si el artículo fuera aprobado como vino en el dictamen de mayoría, en lugar de 12 magistrados serían 37 los que deberían ser repuestos en sus cargos originales, lo que pondría en riesgo la realización de numerosos juicios.

El dictamen de mayoría (que contiene todos estos puntos que ahora deberán ser reformulados) fue firmado por el Frente Renovador, el bloque Justicialista y el GEN de Margarita Stolbizer, mientras que el PJ-Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda lo rechazaron.

La iniciativa plantea limitar el mandato del procurador general, que actualmente tiene carácter vitalicio, a cinco años de duración, con la posibilidad de renovar por cinco años adicionales a propuesta del Poder Ejecutivo. Por eso, de convertirse en ley esta reforma, el Gobierno cree que tendrá un instrumento legal para remover a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Sin embargo, de concretarse la embestida oficial, la fiscal ya advirtió que se presentará ante la Justicia para mantenerse en el cargo.