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El oficialismo trabaja contra reloj por el quórum para cerrar con los holdouts

Tras la reciente luz verde del juez Griesa para levantar las restricciones, comienza el tire y afloje entre Gobierno y oposición para lograr la derogación de la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano. Sin embargo, tras el discurso del Presidente en el Congreso aumentó el malestar en el peronismo.

El macrismo espera tratar inmediatamente el proyecto llamado “Ley de la Normalización de la deuda pública y recuperación del crédito”, -mediante la cual se derogarán las leyes Cerrojo y de Pago Soberano- para cerrar la disputa con los holdouts, aunque se especula sobre el apoyo que recibirá de algunos sectores externos a su bloque, tras el reciente malestar expresado por legisladores y gobernadores peronistas.

El juez Thomas Griesa hizo lugar hoy al pedido del Gobierno y levantó las restricciones impuestas al país, pero condicionó esa decisión a que se deroguen las dos leyes que impiden el acuerdo con fondos buitre y que además se les pague a quienes hasta el 29 de febrero aceptaron la oferta inicial argentina.

Eduardo Amadeo, quien se encuentra al frente de la Comisión de Finanzas –encargada de tratar el proyecto- aclaró que la intención es darle “24 horas a los legisladores para que puedan estudiar el proyecto”, una vez que ingrese al parlamento, y luego convocar al equipo económico para “la reunión informativa”.

Sin embargo, está en duda el apoyo de algunos sectores del peronismo. Esta mañana legisladores y gobernadores peronistas emitieron un comunicado de prensa expresando su malestar tras las duras palabras del Presidente en la apertura del Congreso. 

Entre las provincias cuyos gobernantes que cuestionaron la actitud del oficialismo y declararon un debilitamiento del “acuerdo de gobernabilidad” se encuentran La Pampa, Formosa, Catamarca, Tierra del Fuego, La Rioja, Entre Ríos, Salta, Santa Cruz, y Tucumán. Acompañaron también los legisladores, Diego Bossio, Claudia Ledesma, Miguel Ángel Pichetto y Recalde, Gerardo Zamora.

Con respecto a las críticas a la iniciativa del Gobierno, el diputado Amadeo respondió que le van a “pedir al Frente para la Victoria que si tiene una objeción al proyecto, que nos den una alternativa, porque hasta ahora las soluciones que ellos han aplicado nos llevaron a una situación extrema desde el punto de vista jurídico para la República”.

El proyecto se tratará en la comisión de Finanzas, integrada por 31 miembros, y en la de Presupuesto y Hacienda, con 49. En ambos casos la mayoría pertenece al interbloque Cambiemos, mientras que el bloque del Frente para la Victoria-PJ, es la segunda fuerza con más número de representantes.

Para lograr el apoyo del peronismo dialoguista, el oficialismo logró desplazar al Frente para la Victoria de los principales puestos de la conducción de la comisión de Presupuesto y Hacienda: al presidente, Laspina, lo siguen como vicepresidente primero Diego Bossio, del Bloque Justicialista (tiene 17 bancas), y como vicepresidente segundo Marco Lavagna, del interbloque massista UNA, que cuenta con 35 diputados.

Veo buena onda, creo que nadie se anima a voltear este  acuerdo. Veo dentro del kirchnerismo un grupo duro, entre los que están (Juan) Cabandie, (Eduardo) “Wado” de Pedro, etcétera. Y después otros diputados con un espíritu positivo como (José Luis)  Gioja”, evaluó Amadeo, en relación con las adhesiones y rechazos que concitaría el proyecto.

Si bien aclaró que desde el oficialismo no se ponen plazos para la sanción de la iniciativa, resaltó que “la fecha del 14 de abril se fijó de común acuerdo con los bonistas para realizar el pago y es una fecha que tomamos como definitiva para resolver el problema”.

Entre los opositores más duros esta iniciativa se encuentra el FPV. En concordancia con la mayoría de sus miembros,  Áxel Kicillof fue más duro en relación con la intención del poder ejecutivo y afirmó que “la  derogación de las leyes (Cerrojo y de Pago Soberano) tiene un  riesgo legal importante‘, porque a su criterio “hay un 93% de los  acreedores que de buena fe y en base a la existencia de esas leyes aceptó los canjes” de 2005 y 2010, y podrían iniciar acciones legales porque el Gobierno argentino les pagaría más a los buitres  que a ellos.

Sin embargo, también el kirchnerismo contó con tensiones propias, y otros legisladores, como el caso de Pichetto, aseguraron que darán quórum.