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El oficialismo quiere legisladores y jueces en ley por conflicto de interes

Negri y Cobos presentaron proyectos para complementar las propuestas opositoras y los decretos del Poder Ejecutivo. Alcanzan a todos los poderes

El oficialismo quiere legisladores y jueces en ley por conflicto de interes

Mientras el Poder Ejecutivo se apresta a publicar los dos decretos para establecer regulaciones en los casos de conflictos de intereses de funcionarios, en el Congreso el oficialismo presentó dos proyectos de ley que van en el mismo sentido pero que proponen alcanzar también a jueces y legisladores. El tema tendrá la atención del Parlamento durante las próximas semanas, pues las iniciativas se complementan con al menos cuatro proyectos presentados por la oposición en el mismo sentido.


Todas las iniciativas serán debatidas en paralelo junto con una reforma de la Ley de Ética Pública que el Poder Ejecutivo prometió enviar al Congreso. Si alguno o todos los proyectos se convierten en ley, terminarán siendo aplicados en simultáneo con los decretos del Poder Ejecutivo.

En la Cámara de Diputados, el proyecto de Cambiemos lleva las firmas de Mario Negri y Karina Banfi (UCR) y alcanza a "todas las personas que se desempeñen en la función pública". El proyecto tipifica los potenciales conflictos de intereses y detalla que cada uno de los poderes del Estado deberá darse un organismo encargado de analizarlos, controlarlos y resolverlos. Quienes estén a cargo de esas dependencias deberán ser elegidos por concurso público y tendrán mandatos de cinco años con una reelección.

El proyecto detalla además que esas oficinas podrán instruir a los funcionarios a crear fideicomisos ciegos para el manejo de sus bienes y especifica cómo deben manejarse esos instrumentos; además de que "deberán instrumentar la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales" de los sujetos alcanzados. Este punto es una puja permanente con el Poder Judicial, que desde hace años rechaza dar publicidad a las declaraciones juradas de los magistrados, a las que sólo se puede acceder explicando los motivos del pedido ante la Dirección de Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica de la Corte Suprema.

Los funcionarios que no cumplan con las disposiciones de la ley incurrirán en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dice el proyecto; al que eventualmente las provincias y la Ciudad deberán adherir para que entre en vigencia en esos Estados.

En paralelo, en el Senado, el radical Julio Cobos presentó un proyecto similar, que incluye un sistema de detección temprana de los conflictos de intereses y que alcanza a: el presidente, el vicepresidente, los senadores y diputados, los jueces, el Ministerio Público, el defensor del pueblo y sus adjuntos, el jefe de Gabinete, los ministros, secretarios y subsecretarios, los interventores federales y el síndico general, entre otros niveles de gobierno.

El proyecto de Cobos establece que esos sujetos alcanzados "no podrán tener, por sí o por persona interpuesta, participaciones directas o indirectas superiores a un cinco por ciento en empresas que tengan contratos con el sector público" y que los funcionarios que se encuentren en esa situación "tendrán que vender o ceder a un tercero independiente" las acciones. El senador también propone crear una Oficina de Conflictos de Intereses autónoma y autárquica con rango de Secretaría de Estado.

Estas iniciativas serán debatidas en paralelo con las propuestas del Ejecutivo y de la oposición. En la Cámara de Diputados hay iniciativas de Margarita Stolbizer (GEN), Guillermo Carmona y Diana Conti (PJ-FpV) y Juan Brügge (Frente Renovador) que tocan uno o varios de los aspectos del conflicto de intereses. Al respecto, la diputada del GEN cuestionó ayer la decisión del Ejecutivo de avanzar en el tema por decreto. "El oficialis mo abandonó su diálogo con la oposición para pasar a una estrategia de confrontación inútil para polarizar. Es un mal camino", advirtió.