El kirchnerismo busca suspender por 180 días la constitución e inscripción de SAS

El Gobierno busca reforzar el cerco regulatorio sobre las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), el traje legal que permite la creación de empresas en 24 horas que creó la administración de Mauricio Macri en pos de flexibilizar la dinámica del sector privado, y busca, a través del Senado, suspender por 180 días la posibilidad de constituirlas.

Se trata de un proyecto presentado por el senador oficialista Oscar Parrilli y otros legisladores del Frente de Todos, que comenzó a analizarse este martes en la Comisión de Legislación General de la Cámara Alta. De obtener dictamen favorable, el tratamiento de la iniciativa quedará en manos de la totalidad de los senadores.

La medida apunta a suspender por 180 días la constitución e inscripción y el traspaso de los registros digitales a cada organismo de contralor nacional y provincial. Según los firmantes, se trata de un tipo de sociedades que buscaban "blanquear capitales de dudoso origen" a través de la constitución de "empresas fantasma".

"Con el objetivo de constituir 'empresas fantasmas' en la mayoría de los casos ,con el único fin del blanqueo de capitales de dudoso origen y la compra de inmuebles, a instancias de la restauración neoliberal encabezada por el gobierno de Mauricio Macri", reza el proyecto.

Y acusan: "Es harto evidente que la creación de este tipo societario fue utilizado por otros –quienes no son emprendedores- como estrategia para encontrar una solución a la necesidad de incorporar a la legislación nacional un esquema societario con beneficios similares a las de tipo off shore."

Además de la de Parrilli, el proyecto lleva la rúbrica de los senadores kirchneristas Jorge Taiana, Nancy González, Nora del Valle Giménez, Ana Ianni, Antonio Rodas, María Pilatti Vergara, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans.

Esta ofensiva sobre las llamadas sociedades exprés se suma a las modificaciones que implementó la Inspección General de Justicia (IGJ) en los estatutos modelo, que suponen más regulaciones sobre las empresas que utilicen este instrumento, y más controles dispuestos con anterioridad, en marzo.