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El gobierno descentralizó en distintos ministerios la renegociación de los contratos públicos

La adecuación de precios y tarifas de los servicios provistos por las concesionarias del Estado, que antes estaban monopolizadas por las carteras de Economía y Planificación a través de la Uniren, quedará en manos de las carteras a cargo de cada sector.

Mediante un decreto publicado hoy, se transfirió la facultad de negociación a los ministerios, reemplazando las gestiones hasta ahora realizadas por la UNIREN 

El gobierno nacional dio hoy un nuevo paso hacia lo que denominó la "normalización" de los contratos con las concesionarias de obras y servicios públicos, al derogar las normas que encargaban ese proceso a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos (UNIREN), hasta el momento solamente gestionado por las carteras de Economía y de Planificación.

En este sentido, se delega en los ministerios correspondientes continuar con cada renegociación, y se los autoriza a realizar las adecuaciones transitorias de precios y tarifas que resulten necesarias “para garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios”. Esto sería hasta la suscripción de los acuerdos integrales de renegociación contractual y la realización de la revisión tarifaria integral.

La decisión busca formalizar el régimen tarifario de las empresas y autorizar las nuevas fórmulas de actualización, a fin de recomponer su ecuación económica financiera.

El proceso de centralización que el Gobierno busca desarticular se  inició en enero de 2002, cuando la ley 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Aquella norma dejó sin efecto las pautas de ajuste según la variación del dólar u otras divisas, las cláusulas basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio.

Los acuerdos integrales serán enviados a la Procuración del Tesoro y se someterán a consideración de la Sindicatura General de la Nación en forma previa a su firma, por el ministro con competencia específica. En el marco de la revisión integral que surja de esos acuerdos se contempla la convocatoria a audiencias públicas que posibiliten la participación ciudadana.