El frente sindical reaviva el conflicto con el Gobierno

A horas de cerrar el plazo para presentar las alianzas electorales, el sindicalismo combativo vuelve a la carga contra el Gobierno de Cambiemos en reclamo de una recomposición salarial para paliar la pérdida de poder adquisitivo, sin que esto quede abstraído del contexto electoral en el que llegan sus movilizaciones.

Este martes, los gremios docentes bonaerenses se movilizaron a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en el centro porteño, en rechazo a los "descuentos injustificados en los salarios" y en reclamo de mejoras de infraestructura en las escuelas.

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, quien acompañó el lunes a la senadora Cristina Fernández de Kirchner a Comodoro Py, acusó a la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal de incurrir en una "incorrecta liquidación de los salarios docentes, con lo cual no está cumpliendo con la paritaria firmada ya que acordamos que no se descuenten los días de paro".

Desde La Plata, donde se gestó en abril el acuerdo paritario a tono con la inflación más un 15,6% de recomposición a cuenta de 2018, cargaron contra Baradel y demás referentes sindicales e indicaron que "los haberes correspondientes al mes de mayo fueron liquidados de manera habitual", si bien admitieron "reclamos aislados".

En tanto, los gremios porteños más refractarios a la gestión del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se movilizarán este miércoles al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Legislatura, en las inmediaciones de Plaza de Mayo, para reclamar un "urgente aumento de las asignaciones familiares y la declaración de la emergencia educativa, sanitaria y alimentaria en el distrito más rico del país".

Desde UTE-Ctera, gremio comandando por Eduardo López, sostuvieron que "el salario de los trabajadores viene sufriendo una pérdida sostenida de poder adquisitivo ante el brutal aumento de precios", que afecta aún más a "aquellos cuyos sueldos se destinan principalmente a alimentos, transporte y servicios". También denunciaron que las asignaciones familiares en la jurisdicción "llevan más de siete años congeladas en $ 270".