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MIÉRCOLES 22/05/2019

El fiscal de la causa pidió efectivizar el embargo a Echegaray

Ex jefe AFIP, Ricardo Echegaray

Ex jefe AFIP, Ricardo Echegaray

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer que se identifiquen los bienes del ex director de la AFIP Ricardo Echegaray para que se pueda proceder a los embargos dictados en la causa que investiga la supuesta retención indebida de unos $ 8000 millones de impuestos por parte de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. El representante del Ministerio Público hizo esta solicitud para poder avanzar sobre las propiedades del ex funcionario nacional, del dueño del Grupo Indalo y de su socio, todos ellos involucrados en la investigación.

Pollicita reclamó "identificar bienes y demás activos" de Echegaray para que se pueda hacer efectiva la medida dispuesta por el juez Julián Ercolini en febrero pasado. El magistrado había ordenado el embargo de diferentes pertenencias de estos tres imputados para evitar el deterioro en el valor que pueden sufrir "por el paso del tiempo" durante el periodo que dure la causa.

La Fiscalía asegura que, en total, son 70 inmuebles; 1266 automóviles, vehículos y maquinarias; 4 embarcaciones y 5 aeronaves las que están relacionadas con los presuntos hechos delictivos. En el escrito presentado al juez, Pollicita advirtió sobre "una posible dilapidación" de bienes que "conspire contra el eventual decomiso de los bienes producto del delito".

Por otra parte, Pollicita solicitó que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de los empresarios del Grupo Indalo y de todas las compañías que integran el conglomerado. López y De Sousa están acusados de haberse apropiado indebidamente de unos ocho mil millones de pesos que debían haber abonado a la AFIP por la venta de combustibles en las estaciones OIL, una de las firmas del holding. Ambos empresarios fueron liberados esta semana tras un fallo de la sala I de la Cámara Federal porteña, que además cambió la carátula de la causa de "administración fraudulenta" a "apropiación indebida de tributos" y redujo los embargos a nueve mil millones de pesos para cada uno de los tres. Ayer la Corte le ordenó al Consejo de la Magistratura investigar cómo se conformó el tribunal que tomó esa decisión (ver aparte).

La decisión de la Cámara Federal de liberar a los empresarios y cambiar la calificación del delito de defraudación a evasión, una figura que se extinguiría con el pago de la deuda, será apelada por la querellante AFIP y por el fiscal ante esa instancia, Germán Moldes, en un intento de llegar a la Cámara Federal de Casación.

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