Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar
DÓLAR
/
MERVAL

El dilema de la Corte Suprema: no complicar la gobernabilidad ni olvidar a los más vulnerables

El máximo tribunal busca consensuar un decisivo fallo por tarifas que, depende su contenido, puede afectar al Ejecutivo o a los usuarios más expuestos a los aumentos. Lograr un equilibrio en ese sentido y alcanzar un voto mayoritario para el jueves, las apuestas de los jueces que no quieren quedar en la mira

El dilema de la Corte Suprema: no complicar la gobernabilidad ni olvidar a los más vulnerables

"Esperamos que la solución surja desde la política". La frase salió de la boca de uno de los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia hace poco más de un mes, durante una reunión privada, no bien estalló el conflicto judicial por el freno a los aumentos de las tarifas de gas que hoy desvela al Gobierno. En la antesala de un fallo decisivo como el que se espera para el jueves, aquel deseo recobra importancia, porque en el máximo tribunal sondean el clima político y sopesan el riesgo que puede significar para los jueces quedar expuestos, ya sea firmando una sentencia favorable o una adversa para los intereses del Poder Ejecutivo.

Desde la semana pasada, e incluso durante el fin de semana largo, los cuatro miembros de la Corte trabajaron su voto por separado. Hoy comenzarán a intercambiar opiniones para delinear un fallo global y con consenso, al que todavía no se logró llegar. Hay dos posturas claras, con aval generalizado de los jueces. La primera es rubricar un fallo que no complique la gobernabilidad, en el que se sostenga la potestad del Gobierno para llevar adelante su política tarifaria. La segunda es asegurar que los sectores más vulnerables económicamente no se vean perjudicados por el tarifazo.

Ambos escenarios, en algún sentido, se contraponen. Un fallo suspensivo, en línea con el de la Cámara Federal de La Plata, le ocasionaría un perjuicio de $ 80.000 millones al Estado, según los cálculos oficiales. Uno que respalde la iniciativa ejecutiva comprometería a muchos usuarios que sufrieron el impacto de las subas en las tarifas que, sin subsidios, en algunos casos superaron el 700%. En la Corte creen que es clave que el Gobierno explique cuál es el alcance de la tarifa social.

Lo que falta negociar, explican fuentes judiciales, es la letra chica sobre temas cruciales como si se puede avalar el aumento del gas en boca de pozo, que no precisa convocar a audiencias, pero no hacerlo en el caso de los precios para el transporte y la distribución de la energía. También si, en caso de solicitar la realización de las audiencias -como sugirieron los jueces en la acordada del 12 de julio pasado- los aumentos se mantendrán suspendidos hasta que estas se lleven a cabo y cómo se solicitará el reintegro a aquellos usuarios que ya pagaron.

La paridad en las opiniones de los jueces podría obligar a un escenario en el que vote Carlos Rosenkrantz, el quinto ministro, que recién jurará su cargo el lunes que viene. No sería el escenario ideal, creen los ministros, y por eso se intentará llegar a un consenso en 48 horas para lograr la mayoría necesaria.