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El costo fiscal de la revisión tarifaria será de $ 11.800 millones

La decisión de suspender parte del ajuste en las tarifas de gas le implicará un gasto adicional al Gobierno. Por ahora no peligra la meta de déficit del 4,8% del PBI

El ministro Alfonso Prat-Gay deberá lidiar con un mayor costo fiscal

El ministro Alfonso Prat-Gay deberá lidiar con un mayor costo fiscal

La batalla legal que debe enfrentar el Gobierno para defender su política de ajuste tarifario podría costarle su plan de reducción del déficit fiscal para este año, previsto en 4,8% del PBI.

La medida anunciada ayer de fijar un nuevo tope de 400% a los aumentos pero sobre el monto total de la factura le significará al Estado un costo fiscal de $ 11.800 millones, que apenas representa un 0,1% del PBI y que, por ende, no pone el riesgo la pauta anual. De ese total, $ 8900 millones corresponde sólo al consumo residencial, informaron fuentes oficiales. Sin embargo, y aunque por ahora resulta irrisorio, los vaivenes judiciales podrían continuar hasta que la Corte Suprema dé un fallo definitivo en materia de tarifas.

Durante el anuncio, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, hizo mención al costo que le implicará para el Estado el pasar de cubrir el 85% del costo de producir el gas al 70%, según la nueva resolución. "Esto implica una inversión por parte del Estado, que va a pagar la diferencia. Pero si el Estado tiene un déficit permanente, la gente lo paga con inflación", aseguró el funcionario, en referencia a la necesidad de ir corrigiendo el cuadro tarifario en el tiempo.

"Si fuera esa cifra, no es una magnitud que no pueda ser manejada para alcanzar la meta del 4,8% del déficit para este año. La duda es que puedan hacerlo", consideró el economista de ACM, Maximiliano Castillo.

El analista agregó que hasta el viernes estaba convencido de que el Gobierno iba a poder cumplir con su meta, "no tanto por virtud, sino por lo que ocurrió en los primeros meses del año, en los que el gasto tuvo una contracción muy fuerte. Además, las medidas que se están tomando, como la reparación histórica a jubilados, no tienen un impacto tan concentrado en 2016".

Con la nueva resolución, que saldrá publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno evitó aplicar aumentos en contra de lo dispuesto por la Justicia y esperar, mientras tanto, que la Corte Suprema se expida sobre el caso. En paralelo, presentará el recurso extraordinario a la Cámara Federal de la Plata, que falló la semana pasada y suspendió los aumentos en todo el país por considerar nulas dos resoluciones de Energía.

En este contexto, los analistas creen que el resultado fiscal esperado se obtendrá, pero ponen un manto de duda. Coinciden en que fue muy positivo el esfuerzo realizado durante la primera mitad del año, en la que el gasto se contrajo fuertemente, en un contexto de importante merma de la recaudación por la quita de impuestos. En los primeros cinco meses del año, las erogaciones crecieron a un ritmo de 28% y los ingresos genuinos, al 31%, con una inflación del 37% interanual. "Eso es una contracción de gasto público de casi 10 puntos en términos reales. Mis cuentas indican que si se mantuviera este ritmo de crecimiento de ingresos y gastos, el déficit al cabo del año sería de 3,4% del PBI, sobrecumpliendo holgadamente la meta", anticipó el economista Federico Muñoz, quien agregó que "evidentemente eso no se va a cumplir porque la recaudación está muy floja".

Muñoz es optimista hasta con el fallo de la Corte. "No creo que la Corte invalide todo el aumento de tarifas. Y del ajuste fiscal que hemos visto hasta ahora, poco tiene que ver con la reducción de subsidios, por lo que no adhiero a los pronósticos catastróficos de aumento del déficit". Según los números que manejan en el Gobierno, de la meta de déficit de 4,8% del PBI, 3,3 puntos todavía corresponden a subsidios de servicios públicos, por lo que "aún hay mucho por hacer", dijo un alto funcionario cercano a Macri.