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El consenso político que falta lo puede aportar un acuerdo energético federal

Imagen de HERNÁN DE GOÑI

por  HERNÁN DE GOÑI

Director Periodístico

 

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En la Casa Rosada no hay una expectativa demasiado favorable sobre la resolución que debe dar hoy la Corte Suprema de Justicia sobre cómo deberán ajustarse las tarifas de gas. Por lo pronto, los consuela saber que terminará la incertidumbre. La voz del máximo tribunal detendrá la lluvia de amparos. El temor es que gatille una adecuación retroactiva a los valores que rigieron hasta marzo, y que el Estado tenga que reintegrar lo percibido por encima de ese monto.

La pregunta que se hacen analistas y empresarios es si un fallo que no saldrá a medida de las necesidades oficiales, será leído como un debilitamiento de la gestión de Mauricio Macri. La posibilidad de que los jueces asuman el costo político de dar luz verde al tarifazo, sin ningún tipo de filtro, es baja. Por eso los trascendidos anticipaban que mostrarán una postura favorable al llamado de audiencias, como forma de exponer ante los consumidores el efecto de los precios que fija el Ejecutivo para toda la cadena. El ministro Aranguren defendió una y otra vez la potestad de decidir cuánto deben cobrar por el gas las petroleras que lo extraen del subsuelo. El apoyo que obtuvo el Gobierno de más de la mitad de los gobernadores no es menor: sobre ese precio se determinan las regalías que reciben las provincias con producción gasífera.

La necesidad de contar con un plan alternativo no fue admitida por los funcionarios por una cuestión de principios, como lo demostró ayer el titular de Energía en Diputados. Si el fallo de la Corte tiene impacto fiscal, la salida será aumentar el endeudamiento. Y si las necesidades políticas lo demandan, el primer salvavidas a mano es un acuerdo federal energético que fije reglas superadoras y reparta costos y subsidios a través del Presupuesto.