El Gobierno reglamentó la ley de responsabilidad penal de las empresas

El Gobierno reglamentó hoy la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria (27.041), aprobada a fines del año pasado, y dispuso que la Oficina Anticorrupción (OA) fije los lineamientos para los Programas de Integridad con los que deberán cumplir las empresas para poder ser contratadas por el Estado Nacional.

La mencionada ley pone el foco en las compañías como responsables de los actos de corrupción cometido por individuos de los que se hayan beneficiado. Entre las sanciones previstas, hay multas que van de dos a cinco veces del beneficio indebido u obtenido, la suspensión total o parcial de actividades, la imposibilidad de participar en concursos y licitaciones públicas, y hasta la cancelación de la personería jurídica.

"La OA establecerá los lineamientos y guías que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27401", señala el Decreto 277/2018, publicado hoy en el Boletín Oficial, en su artículo 1.

Asimismo, dispone en su artículo 3, "la existencia del Programa de Integridad" como "condición necesaria para contratar con el Estado Nacional", que "deberá ser acreditada junto con el resto de la documentación que integre la oferta", en la forma y en los términos que en cada proceso de contratación disponga el organismo que realice la convocatoria.

La nueva ley dispone que el programa en cuestión deberá incluir un código de ética o de conducta; reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios; capacitaciones periódicas sobre el tema; análisis periódico de riesgos; canales internos de denuncia de irregularidades; una política de protección de denunciantes contra represalias; un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta; y procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial.

La norma fue aprobada para adaptar el sistema penal argentino en materia de delitos de corrupción contra la Administración Pública y el soborno trasnacional a los estándares internacionales, uno de los requisitos exigidos al país para su ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).