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El Gobierno recusará a la jueza que frenó los aumentos de luz

Acorralado por los fallos judiciales que frenaron los aumentos de los servicios tanto de gas natural por red como de luz en todo el país, los abogados del Gobierno decidieron ayer utilizar las últimas cartas legales que le quedan para pelear las medidas. Según supo El Cronista, el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, junto con la Procuraduría General de la Nación, recusarán hoy a la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, quien el miércoles sorprendió con la suspensión a nivel nacional de los incrementos en electricidad, que en algunos casos habían superado hasta el 600% y que se habían implementado en febrero. La estrategia se basará en el argumento de "prejuzgamiento"; es decir que la magistrada anticipó y dejó entrever su opinión sobre el fondo de la causa antes de que el estado del proceso haya sido notificado. "La jueza salió a hablar sobre el fallo, dando entrevistas a cuatro canales de televisión y a tres radios antes de que sea notificado y subido a la página oficial", anticiparon fuentes oficiales a este diario. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín deberá decidir si da lugar al pedido y apartar o no a la letrada del expediente.

Con esta jugada, el Gobierno intenta ganar algo más de tiempo antes de retrotraer –como ordenaron los fallos– los cuadros tarifarios a enero (en el caso de la electricidad) y a marzo (en el caso de gas) a la espera de una decisión del máximo tribunal, que será el cuerpo que definirá el asunto en los próximos días. A su vez, las autoridades macristas también apelarán hoy la decisión de Forns; documento que la jueza deberá evaluar para luego emitir una cautelar definitiva.

En el Ejecutivo están convencidos de que en ambas sentencias subyace un ápice político. Forns es identificada como una jueza cercana al kirchnerismo, por su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima, que lideró la procuradora Alejandra Gils Carbó y que en sus filas tiene a muchos magistrados afines al Gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En paralelo, ambas cautelares fueron presentadas por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), una agrupación también simpatizante del Gobierno anterior. El reciente revés en la Justicia a la política tarifaria de la luz se sumó a la traba que la Cámara Federal de La Plata le puso hace tres semanas a las subas dispuestas en gas. Ayer el tribunal de alzada bonaerense finalmente resolvió (con plazos vencidos) conceder la apelación oficial para ir a la Corte Suprema, pero de manera "devolutiva", lo que implica que mantuvo su fallo de principios de julio, por lo que la suspensión de las subas sigue en pie.

En el Gobierno la preocupación es considerable. Los funcionarios de la mesa chica coinciden en que los costos tanto políticos como económicos de las medidas son inmensurables. Con los aumentos, el Ejecutivo preveía un ahorro fiscal nada menos que de u$s 8000 millones. De retrotraerse la situación al cuadro tarifario de principios de año, el volumen de subsidios crecerá de manera exponencial, con las cuentas nacionales en rojo para poder financiarlo. Del lado de las empresas también reina el pesimismo. Sus cajas se verán achicadas junto a los planes de inversión y ampliación que estaban programados. Ayer, la distribuidora eléctrica Edesur emitió un comunicado en el que sostuvo que "de persistir esta situación, advertimos que podrán verse afectados la cadena de pagos de la empresa, así como también el Plan de Inversiones en obras actualmente en ejecución".