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El Gobierno propuso al abogado de Lagomarsino como candidato a fiscal

El Ministerio de Justicia de la Nación envió el pliego del abogado Maximiliano Rusconi para ser designado como fiscal general de la Cámara Federal de Casación Penal. Rusconi es el abogado del exempleado informático Diego Lagomarsino, imputado en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, ya que fue quien le entregó el arma con la que terminó con su vida.
La propuesta fue enviada a la Casa Rosada, que ahora deberá girar el pliego al Congreso, donde se evaluará y resolverá la propuesta de Rusconi como fiscal del máximo tribunal penal del país. La propuesta se produjo en el marco de un concurso, en el que se había ponderado la candidatura del fiscal Alejandro Alagia, un reconocido penalista que integra Justicia Legítima, la organización de magistrados alineada con el kirchnerismo.
Alagia había sido propuesto por el kirchnerismo pero ahora fue relegado y en su lugar el Ministerio de Justicia impulsó a Rusconi, defensor de Lagomarsino, pero también del ex presidente de la Nación Carlos Menem, a quien defendió en el juicio por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. También defendió a Nicolás Ciccone, ex dueño de la imprenta familiar que tras la intervención del ex vicepresidente Amado Boudou ante la AFIP pasó a manos del fondo The Old Fund, del empresario Alejandro Vandenbroele, ligado al ex ministro de Economía de la Nación.
El concurso para la Fiscalía de Casación fue el número 93 y finalizó en noviembre de 2014, tras un extenso proceso que había iniciado el antecesor de Gils Carbó, Esteban Righi. Rusconi había quedado en primer lugar, muy por delante de Alagia, cercano al ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni. Pese a ello, Alagia fue el favorito del Ejecutivo de ese momento.
Antes de dedicarse a la actividad privada y consolidar su propio estudio de abogados, Rusconi fue fiscal de la Procuración General y estuvo a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando.