El Gobierno propone una jubilación proporcional a los años de aportes

Como parte de la reformas que el Gobierno quiere llevar adelante en la legislación laboral y previsional, la Secretaría de Seguridad Social convocó en el segundo semestre de 2016 a sindicatos, AFIP, ANSeS, cámaras empresariales, cajas previsionales y de profesionales, para debatir la reforma.

Entre varias propuestas, la llamada Comisión de Fortalecimiento de la Seguridad Social, que es presidida por el Secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis, acordó promover la registración de los trabajadores informales, unificar los regímenes de autónomos y monotributo, agregar un aporte voluntario a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y crear una prestación proporcional cuando los años de aportes suman menos de 30.

Se volverá a reunir el 18 de enero próximo para empezar a redactar un borrador de la reforma de la ley 24.241.

Respecto de las jubilaciones, se propuso complementar la PUAM con un segundo pilar obligatorio, de carácter contributivo, que reconozca los aportes efectuados durante la vida laboral, y un tercer pilar, de carácter voluntario, para los trabajadores con capacidad de ahorro, que serán administradas por organismos estatales o instituciones sin fines de lucro.

Además, se remarcó que tres cuartas partes de la población en edad de jubilarse se le dificulta acceder al beneficio previsional contributivo. La Secretaría de Seguridad Social planteó evaluar el criterio de cantidad de años de aportes necesarios. Se indicó la importancia de mantener los 30 años de aportes actualmente requeridos para acceder a la prestación completa. Y crear de manera complementaria para aquellas personas que no logran reunir los aportes requeridos una prestación proporcional de carácter contributivo que reconozca, a partir de un determinado mínimo, los años aportados durante la edad activa. Sería complementaria a la PUAM.

Respecto del alcance, la cobertura y el financiamiento de la Seguridad Social de los trabajadores independientes (3,9 millones en áreas urbanas), se consideró reformar el régimen de autónomos y monotributistas. Se consensuó establecer un régimen que reconozca la diversidad de trabajadores independientes y que adecue la relación entre las cotizaciones y las prestaciones. También, que las cotizaciones se determinen en base a los ingresos reales. Unificar los regímenes de Monotributo y Autónomos. E incorporar la cobertura de obra social.

Respecto de la registración y fiscalización, se identificó la persistencia de altos niveles de no registración laboral, con 5,5 millones de trabajadores informales, dependientes e independientes, principalmente en pequeñas empresas y en actividades rurales, en comercio, construcción y servicios personales. Se acordó "incorporar incentivos destinados a los empleadores con dificultades de registración" distinguiendo entre "empleadores que no contribuyen debido a su limitada capacidad contributiva, de aquellos que aún con adecuados niveles de productividad y/o rentabilidad incumplen con sus obligaciones legales". Y simplificar los procesos de registración.

En cuanto a la recaudación y financiamiento, se sostuvo que debido a la alta informalidad, a las sumas no remunerativas acordadas en la negociación colectiva y a la subdeclaración de las remuneraciones pagadas, el ingreso no percibido por la Seguridad Social rondaría el 3% del PBI. Se propuso simplificar el esquemas contributivos, que dan lugar a la elusión y evasión. También, las diferentes normativas que generan distorsiones en el financiamiento del sistema. E identificar la fuente de financiamiento de cada régimen de la Seguridad Social (130 cajas previsionales) separando las prestaciones contributivas de las no contributivas.